CCOO-Ceuta ha recibido con estupor la noticia de que el Área de
Extranjería ha incorporado
12 nuevos funcionarios para “agilizar los expedientes de expulsión de los
menores que fueron escolarizados”. El estupor, dicen, viene “al comprobar la facilidad y celeridad con la que el Gobierno ha resuelto el déficit de personal de un área administrativa en lacerante contraste con lo que sucede en el Ministerio de Educación”, explica la Federación de Enseñanza en una nota de prensa. “Como ya es público y notorio, después de innumerables denuncias de variada procedencia, el funcionamiento de la Dirección Provincial es caótico. De hecho, si aún no se ha cerrado es gracias al heroico esfuerzo de un reducido grupo de abnegados funcionarios que muchísimo más allá de sus competencias trabajan a destajo para sacar el trabajo adelante”, detallan. Desde principios de año se han venido denunciado gravísimas carencias. Algo tan elemental como las nóminas ha ocasionado enormes problemas a muchísimos trabajadores notablemente perjudicados. En la actualidad las están haciendo “docentes reconvertidos” que han dejado las aulas para atender labores administrativas. La baremación de los listados de interinos las hacen también docentes, e incluso la propia directora provincial.
Rapidez para unas cosas, para otras no “En estos momentos existe una lógica queja, generalizada en todos los centros, porque no se están cubriendo las sustituciones. Literalmente no hay personal para llamar a los interinos por teléfono. No dan abasto”, aclara CCOO. Todo esto sucede porque dice el Gobierno que es “imposible dotar a la Dirección Provincial de más funcionarios”. Imposibilidad que “ellos mismos desmienten con una contratación masiva y exprés cuando les interesa, como ha quedado fehacientemente demostrado”, apunta. CCOO no puede entender ni compartir las prioridades de un Gobierno que “alardea permanentemente de su sensibilidad social”. En el orden de prioridades “debe estar muy por delante la educación respecto a la deportación de personas”. CCOO exige al Gobierno que asuma sus responsabilidades en la gestión de competencias educativas y dote del personal suficiente a la Dirección Provincial, porque ellos mismos han demostrado que sí se puede.