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El consejero de Medio Ambiente alega que se trata de un documento “complejo” que “no ha sido posible” terminar antes
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Fernando Ramos, participó ayer en su primer Pleno como responsable de ese departamento y lo hizo comprometiéndose a tener listo “en noviembre”, en cualquier caso “antes de que termine este año”, el Plan Integral de Gestión de Residuos con el que debería haberse dotado la ciudad desde hace años.
El miembro del Ejecutivo local asumió que se trata de un déficit cuya subsanación no puede demorarse más, como le exigió el portavoz del PSOE, Manuel Hernández, que se haga, pero argumentó que es un documento “complejo” que no se puede confeccionar de cualquier manera y en el que ya están trabajando los técnicos.
“Estamos hablando de algo muy denso y sumamente técnico que si no se hace es debido sería caótico para la gestión de residuos orgánicos, de vehículos, desechos eléctricos, neumáticos y un largo etcétera”, alegó Ramos.
El líder socialista criticó el enésimo retraso que supone el hecho de que siga sin haber un documento de trabajo más de medio año después de que el Consejo de Administración de Obimasa aprobase encomendar a la empresa TRAGSA la actualización de los documentos del borrador elaborados hace cuatro años.
La Comisión Europea ha enviado este mes una “advertencia final” a España por “no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos de varias regiones”, entre ellas Ceuta.
Hasta la fecha, faltan todavía también, además del de la ciudad autónoma, los planes de gestión de residuos de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid. Además, las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años.
Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir el impacto nocivo de la generación y gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos. Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años.
