Un grupo de 15 agentes de la Policía Local se ha formado en inspección de transportes de mercancías en vehículos ligeros y pesados y transporte público de viajeros, una de las competencias que ostenta la Ciudad a tenor de la entrada en vigor del Real Decreto 1541/2006, por el cual el Ministerio de Fomento derivó esta actividad a las comunidades autónomas, en el caso de Ceuta, hace tres años. Fue entonces cuando se implantó la estructura actual, conformada por la Dirección General de Transportes, las Jefaturas de Servicio y Negociado de Sanciones, respectivamente, además de una tercera de Autorización, organigrama que ahora se completa con el grupo de agentes especializados en este servicio. En este primer curso, el objetivo es dotar de un conocimiento más exhaustivo a los agentes encargados del servicio de inspección de control que se lleva a cabo en todo el casco urbano. “El servicio comprende desde la expedición de autorizaciones de transporte hasta el procedimiento sancionador e inspección de transportes que circulan por la ciudad”, apunta el jefe provincial de Transporte Terrestre de la ciudad y docente del curso, Francisco Verdú.
Los agentes se han formado en legislación básica; clases de autorizaciones o repercusión de la asunción de estas competencias en la ciudad, cuestiones de carácter teórico que se han complementado con la ejecución de prácticas sobre inspección de la carta de vehículos y del pesaje del transporte por exceso de peso en el propio Puerto, zona en la que da comienzo el trabajo de la Policía Local. Aunque éste es el inicio de dicho servicio, el trabajo se extrapola a todo el casco urbano en el que tienen competencias estos agentes. “Incluso se puede trasladar un vehículo hasta la zona de pesaje para proceder a su inspección”, aclara Verdú.
Por la experiencia previa en este tipo de servicios, el responsable de Transporte apunta al exceso de peso como una de las infracciones más habituales en este tipo de transportes. En función del baremo sancionador impuesto por el Ministerio de Fomento, las penas (leves, graves y muy graves) pueden alcanzar hasta los 4.600 euros, cantidad que también se aplica ante la carencia de autorización. “Normalmente está más penalizado el transporte público que el privado, aunque éste también está sujeto a determinados tipos de autorización”.
En casos de agravamiento, estas infracciones podrían alcanzar sanciones de hasta 18.000 euros, siempre que confluya reincidencia grave y reiterada.