¿Quién protege a nuestros mayores?

Había descubrimientos científicos que no podían ser constatados por los intelectuales de hace siglos. El fanatismo, egoísmo y la ignorancia de aquellas sociedades eran un obstáculo para que estas personas pudieran hacer entender a los ciudadanos la realidad de sus evidencias. Los científicos eran hasta perseguidos por informar de sus teorías. Uno de ellos, el pobre Galileo, estuvo a punto de ser quemado. Pudo salvar el pellejo al renegar de su descubrimiento y tras la benevolencia del Papa Urbano VIII, apóstol de la Iglesia inquisidora que intercedió en su defensa, aunque fue condenado a reclusión domiciliaria y años después murió de diabetes.

Varios siglos después los científicos vuelven a tropezar con el fanatismo, el egoísmo y la ignorancia preconcebida, pero esta vez en una sociedad super preparada e informada que de forma turbia pone en tela de juicio ensayos y pruebas de científicos reconocidos de todo el mundo.

A pesar de ello, los negacionistas rehúsan a ponerse la vacuna, porque todo es un invento; los egoístas e insolidarios siguen reuniéndose en fiestas multitudinarias sin respetar las normas establecidas y muchos jóvenes manifiestan que como a ellos no les perjudica no se la ponen. Tienen todo el derecho, porque la vacunación es voluntaria,  pero ese derecho no evita que puedan contagiarse o contagiar a otros ciudadanos solidarios. Hay negacionistas que se apoyan en teorías conspiradoras y la relación de las vacunas con la implantación del 5G; otros simplemente contestan que no les da la gana y otros, como decía, por no perder el tiempo. Cuesta digerir estos argumentos.

En España hay casi 85.000 muertos, miles de ancianos en residencias y vamos sumando personas a las listas, además de miles con secuelas graves. Muchas personas, muchas familias rotas para no tomar nuevas medidas. Medidas como la obligación de vacunarse los profesionales en contacto con público vulnerable -empleados de residencias de ancianos, sanitarios o funcionarios-.

“En España hay casi 85.000 muertos, miles de ancianos en residencias y vamos sumando personas, además de miles con secuelas graves”

Vamos tarde -como siempre- u otros han corrido más, porque en Italia la ley obliga a médicos, enfermeros y auxiliares a vacunarse, aunque la normativa contempla la posibilidad de cambiarlos de funciones para que no trabajen en contacto con el público, además de sancionar a los que incumplan la norma. Otro ejemplo lo tenemos en Francia donde el Tribunal Constitucional ha avalado que todos los profesionales en contacto con público vulnerable, como sanitarios, policías, bomberos o trabajadores de residencias de ancianos reciban la vacuna con la advertencia de quedar suspendidos de empleo y sueldo.

Mientras en otros países se legisla para proteger a los ciudadanos -mayores o no-, en España en una residencia de ancianos -donde algunos trabajadores contagiados no están vacunados- han fallecido varios residentes de COVID-19. Los familiares han decidido denunciar los hechos ante la Autoridad Judicial, pero me temo que, como le pasó hace más de 400 años a Galileo, los responsables no serán castigados, porque no hay una ley que obligue a vacunarse.