Durante muchos años, los ceutíes estábamos convencidos de que determinadas cuestiones políticas relacionadas con Ceuta y su futuro debían tratarse con absoluta discreción. El contencioso soberanista planteado por Marruecos ha sobrevolado siempre como una sombra pegajosa que todo lo condiciona, todo lo contamina y todo lo perturba. La (buena) intención de no inquietar a la ciudadanía, no espantar a potenciales inversores, y no trasmitir a la opinión pública la imagen de una Ciudad conflictiva por naturaleza; aconsejaban guardar silencio. Y disimular. Como si no pasara nada. Nos esforzábamos en difundir la idea de que “Ceuta es como Soria, una Ciudad española más”. Sobre esta actitud existía un consenso prácticamente unánime. No queríamos avivar la polémica ni excitar al adversario. Cuarenta años después tenemos que reconocer que esta estrategia ha fallado estrepitosamente. El fracaso se debe a que la discreción pública tenía que venir acompañada de firmeza en las mesas de negociación. Y no ha sido así. El segundo miembro de la ecuación no ha funcionado. El Estado español, superado por la vertiginosa reconfiguración de la realidad política, fue postergando paulatinamente los intereses de Ceuta hasta que estos llegaron a ocupar un lugar residual, casi testimonial. Lo he escrito en muchas ocasiones. Marruecos tenía (y tiene) un plan, mientras que España sólo improvisaba (e improvisa) desde un continuo repliegue. Era una cuestión de tiempo. Y ya estamos instalados en el destino que todos intuíamos desde un gélido silencio quizá excesivamente prolongado. Ahora la discreción carece de sentido. Nuestra verdad desnuda está expuesta diáfanamente. Por eso es el momento de cambiar radicalmente de estrategia. Ceuta (y Melilla) tienen que hacer ruido. El Gobierno de la Nación (sea el que fuere) tiene que “notar el aliento en el cogote”. No pueden seguir negociando asuntos con Marruecos (socio preferente, amigo y fiable) desde la premisa de que Ceuta (y Melilla) no son ni serán obstáculo. A esa frase hay que lograr añadir: “siempre y cuando se respeten los derechos de ambas Ciudades desde el reconocimiento expreso de su españolidad”. Si no es así, sí deberían ser un obstáculo. Dicho de otro modo, ha llegado el momento en que el Estado (nuestro Estado) debe defender públicamente, en todas las instancias, por todos los medios, con todos los recursos y en todas las ocasiones la irrenunciable españolidad de Ceuta y Melilla. ¿Por qué considero que esta es una cuestión de actualidad? En Ceuta ya sabemos que el comercio transfronterizo (sostén del sector privado de la economía durante las dos últimas décadas), tiene los días contados. La tarea lógica e inmediata es buscar una alternativa. Partimos de la premisa inamovible de que a Marruecos le asiste todo el derecho a tomar sus propias decisiones en el ámbito de su soberanía (aunque ello conlleve asfixiar la economía de Ceuta). Se podría argüir que no es la actitud propia de un “buen vecino” pero poco más. Sin embargo, lo que ya no parece tan razonable y desde luego es inasumible; es que Marruecos utilice su posición de privilegio (por su situación sociopolítica y su potente red de alianzas) para presionar a las empresas privadas para evitar que puedan invertir en Ceuta. Los inversores privados saben, porque así se les hace llegar de manera sibilina, que instalarse en Ceuta puede implicar un veto en su potencial expansión por Marruecos, o unas relaciones de enemistad muy poco recomendables que, evidentemente, no les compensan (el capital siempre huye del conflicto). Es muy duro e injusto tener que admitir que en Ceuta sólo se radicarán las empresas que obtengan tan “sui géneris” autorización por parte de un país extranjero. Mientras esta pesada losa penda sobre Ceuta, será imposible remontar la actual situación de crisis económica estructural y acaso definitiva. Da igual que se trate de la industria digital, la energía sostenible, el tráfico portuario o el turismo. Cada intento de levantar la cabeza se salda y se saldará con un nuevo y desmoralizante impacto contra la maldita losa. El estado español tiene la competencia constitucional de defender, de manera efectiva, los intereses de Ceuta y Melilla. Es cierto que no es fácil contrarrestar maniobras que se desarrollan fuera de los circuitos institucionales; pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y se debe hacer. Cuanto antes. A los ceutíes nos corresponde levantar la voz (para hacernos notar), protestar (ante una injusticia), reivindicar (nuestros derechos), y exigir (soluciones). Y a las instituciones del Estado (la Jefatura, las Cortes, y en especial el Gobierno), les corresponde la obligación de pasar a la acción y tomar las decisiones precisas para acabar con esta lamentable situación y levantar la losa de una vez por todas. Ha llegado el momento de redefinir las relaciones entre España y Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla. Y ello debe hacerse en un marco jurídico transparente concebido desde el más exquisito respeto a nuestra españolidad. España y Marrueco deben suscribir un “Tratado de Buena Vecindad” que contemple y regule derechos y obligaciones de todas las partes concernidas, y cuya finalidad sea procurar la prosperidad a ambos lados de la frontera desde la lealtad mutua y orillando un contencioso soberanista anacrónico, impostado e imposible. Para lograrlo España debe poner “toda la carne en el asador”.