“Queremos seguir en nuestra casa”

• Una familia de las VPO de Calderón de la Barca será desahuciada aunque está dispuesta a pagar su deuda

Desesperada está una de las familias residentes en el portal nº 15 de la calle Calderón de la Barca, en Villajovita. Jesús León Castro y Sandra Andrades Camacho están a punto de perder su vivienda por lo que consideran una injusticia. “Intentan echarnos de nuestra casa aunque estamos de acuerdo con pagar la deuda de 1.195 euros que nos reclaman porque, ahora, sí tenemos trabajo para afrontar la mensualidad”, apuntó el cabeza de familia. Sin embargo, “él –propietario del inmueble– no quiere”, lamentó. La pareja sospecha que su ‘casero’, primero, quiere lanzarles del que es su hogar desde hace ocho años y, después, “cobrar ese dinero”.
En su poder ya obra la orden de desahucio que, si nada lo remedia, se ejecutará el próximo 7 de marzo. “¿Dónde vamos a ir? No tenemos a nadie”, desveló preocupada Andrades. “Queremos quedarnos en nuestra casa”, sentenció León con el hijo de ambos sentado en el regazo. “Si Emvicesa nos dijo que la casa era nuestra para toda la vida, ¿por qué incumple su palabra y ahora nos fuerza a salir de ella?”, se preguntó este hombre quien solo encuentra la razón en el cambio de titularidad del edificio.
Esta familia fue una de las afortunadas que, explicaron, en 2009 entró a vivir en la promoción de las entonces 19 VPO de Emvicesa. En los últimos años, “a espaldas de los vecinos”, el bloque “pasó de las manos de la empresa municipal a las de una entidad privada sin que nadie nos informase ni nos diesen opción a compra”. Su desconfianza por “esa venta” les lleva a preguntarse si esa operación es regular.
Al perder su empleo por la crisis, priorizaron “dar de comer” a su hijo a pagar el alquiler, reconocen, hasta acumular una deuda con el  arrendador de 1.700 euros. El actual propietario del edificio llevó a la familia al juzgado y, mediante conformidad, León desembolsó la cantidad reclamada. Cuál fue la sorpresa de la pareja cuando, “unas dos semanas más tarde”, la entidad les exigió otros 1.195 euros que, señalaron, “no sabemos de dónde salen”. De nuevo en el juzgado, “intentamos alcanzar un acuerdo con él porque ahora tengo trabajo, pero no accede, él solo quiere la casa”.
“Tenemos dos semanas para abandonar nuestra vivienda, pero no queremos, confiamos en que este señor recapacite porque somos una familia que se va a quedar en la calle porque él no acepta el pago”, señalaron los afectados.