La Unión Federal de Policía criticaba ayer la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno de revisar si funcionarios policiales cumplían con todos los requisitos que marca la legislación vigente para cobrar el plus de residencia en nuestra ciudad. Tenemos que recordar que una polémica que siempre permanece latente en Ceuta es el gran número de agentes que cumplen sus turnos en Ceuta y luego marchan a sus domicilios en la Península durante los días de permiso. La Delegación del Gobierno lleva varios meses funcionando con una comisión antifraude que busca el cumplimiento de la ley en cuantas prestaciones se cobran en nuestra ciudad y se quiere que las mismas estén ajustadas a la ley. Así se está trabajando en el campo del Servicio Público Estatal de Empleo con personas que están percibiendo el desempleo y viven en Marruecos o incluso en las prestaciones que se abonan a través del Imserso, donde en determinados campos Ceuta es de las primeras ciudades de España en razón del número de habitantes donde existen más discapacitados. O en conjunto con la Ciudad Autónoma funciona un grupo de trabajo relacionado con los empadronamientos fraudulentos. Y como no podía ser menos, tampoco los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía están exentos de comprobarse si cumplen con todos los requisitos. La UFP no puede hablar de persecución, porque simplemente se esté aplicando la ley. No es normal que un sindicato policial que pertenece a un Cuerpo que tiene como máxima el ser garantes del cumplimiento de la legislación se pueda quejar porque se comprueben si los agentes son estrictos en el cumplimiento de sus obligaciones y pasan en Ceuta al menos los ciento ochenta días al año que son obligatorios. Señores se han columpiado.
