Ceuta está sufriendo un silente proceso de reconversión ante una indiferencia generalizada y la pasividad consciente y expresa de sus instituciones políticas. Es un hecho incontrovertible que la gestión del espacio fronterizo está experimentando cambios de gran calado. Todos ellos impulsados por Marruecos y orientados hacia sus propios intereses. Es una decisión impecable ante la que no cabe reproche alguno. El Gobierno de España colabora con diligencia y entusiasmo como corresponde a un amigo, socio y aliado. Además, desde el punto de vista ético, la regularización de un caos tercermundista no admite la menor contestación. En consecuencia, el objetivo final (rigurosa aplicación de la ley en ambos lados), solo puede suscitar consenso y aplauso.
Sin embargo, y aunque pueda parecer paradójico, no es todo maravilloso. Ceuta va a perder (según estimaciones fiables) entre un quince y un veinte por ciento de su riqueza. Durante las últimas décadas, todos hemos protegido, alentado y potenciado el “comercio transfronterizo” (contrabando) desde la convicción de que a corto plazo no había alternativas reales a esta práctica. Hemos sido, no ya tolerantes, sino fervientes colaboradores con el contrabando masivo porque nos rendimos a la evidencia: contrabando o (más) paro. Durante todo este tiempo hemos sido incapaces de reconfigurar nuestro modelo económico (no sólo por causas imputables a nuestra desidia, incompetencia y falta de compromiso político, que también, si no porque el activo y permanente boicot de Marruecos a todo aquello que pueda suponer un repunte económico para nuestra Ciudad, ha funcionado a la perfección). Dicho de otro modo, nos conformamos con un “pseudosistema” basado en la precariedad que supone hacer pivotar un sector económico básico sobre la rentabilidad de la infracción. Esta es la realidad. Hoy, miles de ceutíes viven directa o indirectamente de la actividad que se pretende erradicar. Quienes han tenido una innegable responsabilidad en llevar las cosas hasta este punto (las dos administraciones públicas, todos los partidos políticos y todos los agentes sociales), no pueden desentenderse de las terribles consecuencias que va a provocar está fuerte reducción de actividad (privada) y empleo (regular e irregular). Y es lo que parece que está sucediendo. Da la impresión de que nos ha entrado un imprevisto “ataque de ética” y nos aprestamos a acabar con el contrabando a toda prisa (¡ya era hora!). Es probable que tanto cinismo nos regale un lugar privilegiado en el anecdótico mundo de los records. La demolición de este pintoresco sector se debe hacer de manera planificada, ordenada y desde luego segura, entendiendo por ello que es preciso aplicar un conjunto de medidas paliativas transitorias que impidan el descalabro de las víctimas. ¿Alguien piensa que la “capital del paro” se puede permitir el lujo de sumar una nueva marea de parados sin consecuencias funestas?
Y es llegado este momento en el que cabe una reflexión más que trascendente. Me apoyaré en un ejemplo muy reciente. Aunque inicialmente la venta de armas a un régimen probadamente asesino supuso una fuerte polémica, al final todo el mundo terminó aceptando la operación. Quién más quién menos, todos terminamos guardando cuidadosamente nuestros principios en un lugar discreto esperando mejores tiempos porque “Cádiz” no podría aguantar la rescisión del contrato. Es cierto que “Cádiz” se moviliza con una fuerza y una determinación ejemplares en defensa de “sus” astilleros. Pongo entrecomilladas las palabras “Cádiz” y “sus” para explicar la diferencia. En términos relativos, el peso (medido en actividad y empleo) de los astilleros en la economía de Cádiz es notablemente menor que el del comercio transfronterizo en la de Ceuta. Pero los gaditanos tienen muy claro el sentimiento de pertenencia al grupo y el valor de los elementos que constituyen sus señas de identidad. Por ello están dispuestos a defender sus astilleros más allá de los análisis o conclusiones que imponga la aritmética o la ética. Podría alargar este escrito detallando infinidad de ejemplos y situaciones similares. Sólo en Ceuta se puede provocar un cataclismo que implique la pérdida de un quinto de nuestra riqueza ante la más absoluta frialdad de su población. Y es que probablemente ya nunca podamos poner comillas cuando hablemos de Ceuta, porque no existe Ceuta como entidad política, solo como espacio geográfico
Esta evidencia es fuente de no poca confusión. En el debate público estamos continuamente utilizando los términos Ceuta y ceutíes. Pero cada cual lo hace según su peculiar interpretación. Es imposible entenderse desde la disparidad terminológica. Cuando decimos que “perder el veinte por ciento de riqueza es malo para Ceuta”. Parece una afirmación inapelable. Pero no lo es. Los problemas ocasionados por la frontera, a los (miles) empleados públicos no les afectan lo más mínimo. Quedó taxativamente demostrado con la manifestación del veintidós de mayo (cuando empezaron a atisbarse los problemas). Ante un hecho objetivamente importante “una” Ceuta muestra su preocupación o indignación, y la “otra” reacciona con indiferencia o incluso regocijo. No hay una Ceuta sino un mosaico de percepciones variopintas que encajan o desencajan de manera cambiante en cada coyuntura concreta. Exactamente igual que no existen los “ceutíes” sino una extraña amalgama de colectivos sumamente heterogéneos que no se sienten vinculados más allá que por el simple hecho de compartir espacio. ¿Qué significa ser ceutí? Quizá deberíamos respondernos a esta pregunta con la sinceridad, claridad y sencillez que reclamaba Albert Camús antes de entablar cualquier debate sobre nosotros mismos.