En una época como la que nos está tocando vivir, marcada por un reguero de escándalos del que ya pocos se escapan, hay quienes intentan tirar por tierra la labor judicial. Arremeten contra jueces, boicotean a fiscales o, de manera más inteligente, merman su capacidad para que, sin medios, tengan complicado desarrollar su labor de la manera más ágil. La Justicia lleva años reclamando medios, solicitando disponer de las herramientas necesarias para poder actuar cuándo la sociedad espera, es decir, de la manera más rápida. Hoy no es así. Vemos casos que llegan a juzgarse tarde y mal, con instrucciones que han dejado lagunas debido a que estuvieron llevadas a cabo por jueces sin apoyo, sin medios, torpedeados. Esto es lo que nos hace desconfiar no ya de la justicia sino de la operatividad de la misma. Si en un sistema se consigue anular el poder judicial, quienes se mueven al margen ya no de lo legal sino de lo moralmente permitido, se moverán como pez en el agua.
Estamos asistiendo a unos momentos en los que las decisiones judiciales son puestas en entredicho, en los que jueces incómodos son avasallados por poderes fácticos para conseguir que sus investigaciones se vean alteradas. Nunca antes la ciudadanía había esperado tanto de la justicia como ahora, época en la que la vemos capaz de sentar a una infanta en el banquillo o llevarse por delante la alianza tradicional de reparto de beneficios entre políticos y entes sindicales.
El poder judicial necesita medios, necesita garantías y requiere liberarse de la larga sombra politizadora que tiene siempre a su vera. Solo así se ganará en libertad, se ganará en transparencia y se recuperará lo que ya hemos perdido y creemos imposible de recuperar: la confianza.
