Hay un hecho que no puede quedar en el olvido ni pasar inadvertido: he denunciado un apuñalamiento y acabé ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así consta, según manifiesto, en mi última denuncia. No estamos hablando de una simple discusión ni de un conflicto sin importancia. Estamos hablando de un episodio de violencia de extrema gravedad que puso en riesgo mi integridad física.
Y, pese a todo lo que vengo denunciando desde el 31 de julio de 2026, sigo viviendo con miedo y con una profunda sensación de desprotección.
Me pregunto si se ha valorado conjuntamente la gravedad del apuñalamiento, mi ingreso en la UCI, las amenazas de muerte denunciadas, los incendios y los reiterados avisos sobre posibles quebrantamientos de la orden judicial de alejamiento.
¿Es necesario que un ciudadano termine nuevamente en una situación límite para que las instituciones reaccionen?
No pido privilegios, ni pretendo que se condene a nadie sin pruebas. Exijo que se investiguen los hechos denunciados, que se revise mi situación de riesgo y que se adopten las medidas de protección que legalmente correspondan.
No quiero vivir encerrado en mi propia casa. No quiero tener miedo cada vez que salgo a la calle. Y no quiero que mi seguridad dependa de que ocurra otra desgracia.
He acabado en la UCI después de un apuñalamiento. He denunciado los hechos. He pedido ayuda.
¿Quién responde ahora por mi seguridad?
Esta es la pregunta que dirijo públicamente a la Jefatura de la Policía Nacional y a las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos en Ceuta.
Porque ninguna persona debería tener que suplicar protección después de haber sufrido una agresión de esta gravedad.
