Pensar que el embarazo es sólo asunto de la mujer es una nueva forma de machismo encubierto. Hacerlo acompañado de la apología de la utilización del cuerpo femenino como víctima de necesidades y apetencias biológicas, es una indignidad impropia del ser humano. La vida del no nacido es un bien jurídico protegido, así lo defiende el Tribunal Constitucional español. El Parlamento Europeo rechazó el pasado 10 de diciembre que el aborto sea un derecho fundamental de la mujer. No hay ninguna convención ni tratado internacional que haya firmado España que reconozca el aborto como derecho.
Se evita la utilización del aborto como método anticonceptivo y el lucrativo negocio de los necrófilos. La veracidad e independencia de los informes médicos queda garantizada pues, los médicos tienen que ser especialistas en la patología que genera el peligro, y además deben de ser distintos de aquel que practique el aborto o de quien lo dirija, y no deben tener actividad profesional en el centro donde se realice.
La ley no recorta los derechos de las mujeres. El Tribunal Constitucional ha establecido hasta en tres sentencias distintas que el nasciturus es un bien que se debe proteger, pero también la salud e integridad de la mujer. Por eso se establece un sistema en el que se protege a uno y a otro, estableciendo un criterio de preferencia sólo en aquellos casos en los que hay un conflicto entre los derechos de ambos. Aunque esto es emitir un juicio moral a priori.
Las mujeres que aborten no serán perseguidas ni penadas. Es la primera vez que se garantiza que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar.
Las mujeres no son culpables, son víctimas. Hay que recordar que el Partido Socialista Obrero Español nunca suprimió la pena para las mujeres que abortaran fuera de plazo y contemplaba penas de prisión y multas.
Se vuelve a un sistema que verdaderamente protege a los menores. Se garantiza que las menores de dieciocho años estén acompañadas de sus padres en un momento difícil para ellas.
La interrupción voluntaria del embarazo estará cubierta por la Seguridad Social en todos los supuestos permitidos por la ley. La ley garantiza la salud de las mujeres de cualquier condición económica: ni quienes tengan dinero tendrán que viajar al extranjero para abortar, ni quienes no lo tengan tendrán que sufrir un aborto en condiciones de insalubridad o inseguridad.
La nueva ley garantiza la objeción de conciencia de profesionales sanitarios. La ley regula expresamente el derecho de los profesionales sanitarios a abstenerse por razones de conciencia de participar o colaborar en la interrupción del embarazo.
Por primera vez contempla algún tipo de medidas preventivas o de ayuda a mujeres embarazadas.
Se desarrollarán programas que busquen la formación, información y prevención de embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales y de educación afectivo sexual. Se promoverá el asesoramiento socio-económico para todas las mujeres embarazadas que lo requieran. Aunque esto parece una declaración de intenciones y no una realidad.
El Partido Popular recibió casi once millones de votos para llevar a cabo un programa electoral que incluía el compromiso de esta reforma, por tanto, lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy es cumplir.
