Hace ya, al menos dos años, el equipo de gobierno comenzó a preparar la cobertura para el nombramiento de nuevos secretario general del Ayuntamiento e interventor de Fondos. El entonces portavoz contaba que, de acuerdo con lo establecido en la legislación, la oferta de empleo debía hacerse con funcionarios de habilitación nacional, que son los que legalmente pueden ocupar estos cargos esenciales, pero que, sin embargo, existía la facultad de la libre designación. Es decir, que podían presentarse todos los funcionarios que cumplieran con los requisitos de la citada oferta, pero que, luego, era el Gobierno el que podía elegir a quien quisiera para ocuparlos. Desconozco si aquella salida que escenificó el Gobierno fue por las razones de que entonces la oposición comenzó a preocuparse mucho por estos asuntos. Pero al final tuvo la fuerza de la gaseosa. Se abrió la espita, salió como un torrente, pero se diluyó como azucarillo en aguardiente. Han pasado los dos años y nuevamente la libre designación planea sobre la cabeza del equipo de gobierno, pero sin atreverse hasta llegar al final, aunque alguien amenace con acudir a los tribunales de Justicia. Estamos hablando de los puestos de superintendente de la Policía Local y de jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Se supone que cuando el director general de Recursos Humanos presentó en la mesa de negociación a los sindicatos los cambios que pretendían en las ordenanzas de la Policía Local y de Bomberos, para adaptarlas a la libre designación, contaban con numerosos informes jurídicos que avalaban la intención político del equipo de gobierno. Pero resulta que hay un sindicato concreto, en este caso la Unión General de Trabajadores, que comienza a protestar y dice que acudirá a los tribunales de Justicia. Al presidente le preguntan sobre este tema y anuncia que se someterá el análisis a los servicios jurídicos de la Ciudad. UGT señaló que se necesitaba la RPT, de la cual la Ciudad carece, para poder efectuar estos nombramientos. Ahora, el Gobierno pedirá informes para ver si esas RPT se pueden limitar a los servicios que nos ocupan, en este caso, Policía Local o Bomberos. ¿Es que quienes realizaron los primeros informes y que avalaban los nombramientos por libre designación desconocían estas exigencias de la RPT? ¿O es que, al final, el problema está en falta de voluntad política por temor a conflictos?
