La Autoridad Portuaria de Ceuta y los ocupantes de las 63 viviendas ubicadas en la Junta de Obras del Puerto y en San Amaro, en algunos casos con cerca de cien años de antigüedad, ya han formalizado “el 90%” de las enajenaciones de las casas a favor de sus inquilinos, que finalmente han podido acceder a su propiedad a precios “sociales” tras más de tres años de intenso trabajo, según se congratuló ayer el letrado José Vázquez, que ha representado los intereses de todos ellos.
En 2017 los valores de tasación en el bloque norte de la Junta de Obras iban desde casi 39.000 euros a cerca de 50.000, en función de la vivienda. En el bloque centro las valoraciones oscilaban entre cerca de 35.000 euros y más de 44.300. Finalmente, en el bloque sur se registraban diferencias más amplias, desde casas tasadas en 20.000 euros largos hasta otras que rozan los 30.000. Las viviendas unifamiliares se San Amaro valoraron entre 32.797 y algo más de 87.000 euros.
Al final, los precios de venta de las primeras se han dividido en tres categorías en función de su tamaño: 14.000 euros las más pequeñas, 15.000 las medianas y 16.000 las más grandes. En San Amaro, algunos residentes como una pareja de vecinos con más de 90 años ha cumplido el “sueño” de ser propietarios de su casa por menos de 6.000.
Vázquez recordó ayer en declaraciones a ‘El Faro’ que “la Autoridad Portuaria inició todavía con José Torrado al frente una valoración de activos no productivos que propició la primera valoración de esas viviendas, que se decidió enajenar con el apoyo de Puertos del Estado”. Las primeras cantidades generaron incertidumbre entre muchos residentes, “en su mayoría antiguos trabajadores de la Autoridad Portuaria o descendientes directos”.
“Con Rafael Rodríguez como presidente del Puerto empezó a avanzarse en una negociación para conseguir que TINSA incluyese criterios sociales en su tasación, siempre de acuerdo con la normativa nacional y europea, y con Juan Manuel Doncel las conversaciones llegaron definitivamente a un punto beneficioso para todas las partes, ya que la institución se va a ahorrar más de medio millón al año en el mantenimiento de todas esas viviendas, cuyos contratos más antiguos datan de los años cuarenta del siglo pasado”, recordó el letrado de los inquilinos, que también reconoció la “sensibilidad” demostrada durante estos años por Salvador de la Encina en su etapa al frente de Puertos del Estado.
“Al final las casas han sido vendidas a sus ocupantes siempre y cuando constasen como empadronados en ellas en los listados de los que disponía la Autoridad Portuaria”, resumió Vázquez, que quiso “poner en valor” la “colaboración” que han mostrado para llegar a un acuerdo satisfactorio con un marcado carácter social “por todas las instituciones que tenían alguna responsabilidad para poder conseguirlo”. “Ha sido un trabajo largo y laborioso, pero satisfactorio”, se congratuló.
La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) valoró en 2017 en algo más de 4,8 millones de euros nueve viviendas unifamiliares ubicadas en San Amaro; tres bloques plurifamiliares de dieciocho viviendas cada uno; la pista deportiva de la barriada Junta de Obras del Puerto; el suelo sobrante utilizado como aparcamientos, acerado y acceso a casas; un local hostelero y dos oficinas ubicadas en el edificio administrativo.
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