El puerto se ha convertido en el otro gran asentamiento para los menores que rechazan estar en los recursos provisionales habilitados por el Gobierno para atender a los cientos que cruzaron a Ceuta el pasado mayo.
Estos días, coincidiendo con las devoluciones abortadas temporalmente y enfrascadas en uno de los debates jurídicos más importantes de los últimos tiempos, muchos de esos menores han vuelto a las calles y se ocultan, como pueden, en los lugares propicios para el único fin que persiguen: escapar.
A los adolescentes, que están a camino ya de alcanzar la mayoría de edad, se suman críos que superan en poco los diez años y que han convertido las aceras en sus camas y las puertas de los establecimientos comerciales en lugar de limosna.
Los tiempos muertos los matan a golpe de consumo de estupefacientes, cigarros o viendo la manera de introducirse en los espacios restringidos del recinto portuario. Condicionantes estos que no hacen sino incrementar esa situación de riesgo que se ve, de manera cada vez más clara, en el puerto.
Las estampas de estos enlaces generacionales rotos se han convertido incongruentemente en parte del paisaje portuario, sin que se activen sistemas urgentes de detección y traslado de los niños a los centros habilitados aunque se hayan escapado de los mismos.
Se han acostumbrado a formar parte de un panorama expuesto a otro tipo de riesgos inherentes a la existencia de menores sin control alguno y en situación de vulnerabilidad. Sobre su presencia, hasta la fecha, no ha existido pronunciamiento alguno ni de las formaciones políticas que han convertido el asunto de las devoluciones en objeto de crítica ni, tampoco, de las oenegés.
Lejos de ser un asunto controlado, el número de estos niños aumenta, como también los casos de escapadas por vía marítima a bordo de embarcaciones o colándose en las cargas de los camioneros que ya se han cansado de advertir los peligros a los que se enfrentan por causas que les superan a ellos e, incluso, a la propia institución municipal.
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