Garantizar la seguridad del puerto y de sus infraestructuras. Es el objetivo que persigue la Autoridad Portuaria de Ceuta con la licitación de un contrato para encargar su gestión a una empresa durante los próximos cinco años. La oferta que logre superar el proceso tendrá que asesorar y llevar a cabo labores para protegerlo.
La compañía a la que finalmente sea adjudicada esta responsabilidad debe desempeñar seis funciones principales para velar por la defensa de la institución marítima y sus áreas.
Asimismo, esta deberá comprometerse con la implementación de la política global de protección y seguridad portuaria.
Igualmente, adoptará medidas preventivas para evitar sucesos que afecten a las instalaciones usadas para el comercio internacional y nacional. Otra de las funciones de la empresa a cargo será colaborar con la Autoridad Portuaria tanto en la responsabilidad como en la aplicación en esta materia en todo su ámbito de control.
A estas se suman las tareas de definir y sustentar la gestión de la información relativa a esta cuestión, así como la preparación de evaluaciones, planes y procedimientos para conocer, programar y sistematizar el nivel de protección adecuado.
Por último, deberá extender esta seguridad a la información y continuidad del negocio.
La contratación de este servicio asciende a 47.840 euros y los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 18 de junio. Estas labores incluirán el estudio y evaluación del estado de las instalaciones para, una vez finalizado, pasar a elaborar un plan que permita defenderlas.
Las infraestructuras que deberán someterse a ello son el dique de Levante y el de Poniente junto a los muelles de Cañonero Dato y España. A ellos se une la zona de fondeo.
A la hora de realizar este examen previo para plantear las medidas que aseguren estos elementos, la adjudicataria determinará los bienes e infraestructuras que requieran más protección con la finalidad de establecer un orden de actuación por preferencia, así como la identificación de posibles amenazas para estos.
Esta encomienda incluye el cálculo de las probabilidades de que estas se produzcan y el análisis del nivel de vulnerabilidad que tiene un bien o un lugar ante un suceso que ponga en jaque su seguridad.
La compañía tendrá que seleccionar y clasificar por prioridad las medidas correctivas, así como los cambios tanto en los procedimientos como en su eficacia para minimizar sus debilidades. El contratista proporcionará la integración de la seguridad con estructuras adyacentes y coordinará consultas con las autoridades pertinentes.
A su vez se pide poner el foco en aquellos elementos calificados como críticos con la elaboración o actualización del Plan de Seguridad del Operador según lo requieran las circunstancias, así como la evaluación de cada uno de ellos.
Se ejecutarán también los componentes de seguridad y comunicación planteados en los Artículos 15 al 18 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, que fija cuáles son las medidas de protección para este tipo de infraestructuras.
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