A efectos de incrementar y reforzar la seguridad en el recinto portuario, la Autoridad Portuaria ha llevado a cabo los respectivos procedimientos administrativos y actualmente está efectuándose el tercero de ellos, con el objetivo de que una vez acabado, la plantilla de Policía Portuaria se vea ampliada en un total de 20 nuevos efectivos.
Los referidos procedimientos se han venido realizando en estos últimos tres meses, desarrollándose en varias fases por la vía de urgencia, con el fin de dotar de una respuesta urgente a las demandas planteada el pasado mes de febrero al actual presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, por los diferentes colectivos que forman parte de la Comunidad Portuaria y que desarrollan su actividad tanto en la zona restringida como en la adyacente de Dominio Público Portuario.
En primer lugar, explican desde la Autoridad Portuaria, se realizó una movilidad funcional regulada en el vigente Convenio Colectivo, traspasando 10 efectivos de los servicios auxiliares a la Policía Portuaria.
Por otro lado, se realizó un proceso selectivo para la cobertura de tres plazas de jefe de equipo de policía portuario, que generó un procedimiento interno de tres vacantes que, añadidas a otras tres convocadas, más cuatro aprobadas en la Oferta de Empleo Público 2018, van a suponer un total de 10 nuevas plazas de policía portuario.
Esta medida de aumento de efectivos pone de manifiesto el esfuerzo llevado a cabo en estos tres meses para cubrir las necesidades del servicio en condiciones de eficacia, eficiencia y seguridad.
Finalmente, desde el Puerto señalan la inversión que se va a llevar a cabo en el refuerzo de seguridad del puerto con la protección perimetral de las zonas más sensibles a la presión migratoria, como son el Muelle de Levante, Muelle de Poniente, Puerto Pesquero, así como las mejoras solicitadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Portuaria. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y cuyo inicio está previsto para las próximas semanas, todo ello conforme a lo establecido en los informes preceptivos de Puertos del Estado y los servicios jurídicos relativos al procedimiento de contratación por razones de urgentísima necesidad.
En definitiva, la Autoridad Portuaria pretende, de esta manera, atajar en su medida el intrusismo ilegal de inmigrantes y asegurar el control de los accesos a las instalaciones portuarias, así como velar por la seguridad de los usuarios, pasajeros, mercancías y operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario.
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