El pasado 26 de octubre, mientras los dos partidos mayoritarios seguían enzarzados en la consecución de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, se dio a conocer la noticia de que los negociadores habían alcanzado algunos pactos, entre ellos destacaba este titular: Una última hora, PSOE y PP pactan que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta dos años después de su cese.
No hace mucho escribía una reflexión al respecto en la que decía que aquellos que estudiamos ciencias, presumimos de poseer el suficiente pragmatismo para diseccionar analíticamente los problemas que acontecen en nuestra sociedad, aunque a la hora de exponer nuestras opiniones carezcamos del don de la erudición retórica que confiere haber estudiado letras. Hemos ido comprobando como a través de más de 40 años de democracia, el poder legislativo ha intentado siempre con prisas y sin pausa, socavar la independencia del poder judicial, nombrando y tratando de influir de todas las formas conocidas en los órganos de dirección de jueces y fiscales. La visión particular de este problema por uno de ciencias, quedaría reflejada en la afirmación de que se ha cumplido la tercera ley de Newton:
Las continuas injerencias del poder legislativo en el poder judicial, ha obtenido una reacción proporcional y de sentido contrario, haciendo que se produzca un desembarco de jueces y fiscales en la política ávidos de destacar en este campo.
No me deja de sorprender de lo que es capaz el ser humano en el uso del poder cuando este se ha llegado a obtener. He de reconocer que tenía de los jueces y fiscales dos ideas preconcebidas. Una, que, debido al ejercicio durante años de la interpretación de la Ley y su aplicación, estaban inmunizados contra la soberbia que suele acompañar el ejercicio de la política y que permanecería en ellos la virtud de la ponderación. Con las actuaciones de los últimos Ministros-jueces, Fiscales Generales y los propios partidos tratando de dominar el TC y el CGPJ, desgraciadamente he llegado a ser consciente que esto no es así. La otra, es la consecuencia directa de que el hecho de cantar correctamente los temas que el azar ha tenido a bien elegir sacando “cinco bolas” delante de un Tribunal, no les garantiza poseer ni la ética, ni la ponderación, ni la mesura, ni la equidad, ni la diligencia, ni el espíritu de servicio, ni la caridad, ni la integridad, ni las virtudes necesarias para ejercer tan importante cargo que se les presupone de la misma forma que se hacía con el valor en la cartilla de la mili.
“No es de recibo que un magistrado que ha ocupado un alto cargo político pueda ocupar posteriormente un lugar en el CGPJ o en el TC. Son cargos que le deberían quedar vetados por ley a perpetuidad y para evitar lo que hemos llamado 'puertas giratorias”
El requisito que se les exige, solo nos demuestra palpablemente que poseen una excelente memoria y conocimiento de las leyes, pero deja en evidencia la vulnerabilidad de un sistema que ha permitido que un señor o señora, llegue a colocarse la toga para enjuiciar a un ciudadano, sin demostrar, que además de la cualidad de poseer una gran memoria, goza de otras totalmente necesarias para impartir justicia y que son radicalmente incompatibles con la práctica de la política.
Es importante tener en cuenta el daño que hacen a la judicatura y a la fiscalía aquellos que practican “la política” sin despojarse de la toga y contribuyen en aumentar la dificultad en entender decisiones judiciales de las que pienso atentan contra el más elemental sentido común.
Algunas frases de estos jueces y fiscales “estrella” en un ejercicio más político que jurídico, reflejan fielmente las inexplicables decisiones impregnadas tanto ellos como sus sentencias de una importante carga política, algo que personalmente me produce rechazo y pérdida de confianza en los representantes del sistema judicial español. No voy a entrar en las disquisiciones jurídicas de decisiones que le rechinan al ciudadano, pero si se debe comprender el desconcierto que produce la diferencia de criterios entre jueces en el ejercicio de la aplicación de la ley tras estas actuaciones y la indefensión que siente el ciudadano que deposita su seguridad jurídica en el muro de contención de los jueces y fiscales ante políticos inmorales o simplemente equivocados. La política no es ese juego sucio de traiciones y deslealtades para mantenerse en el poder, es algo mucho más digno que la justificación de mediocres y corruptos incapaces de ejercer un buen gobierno.
Hemos de recordar que una Ley para ser aceptada ha de cumplir tres principios básicos. Ha de ser JUSTA y es justa porque responde a la necesidad de regulación de algún problema en concreto que padecen los ciudadanos y no al capricho de quién ostenta el poder en esa legislatura. Ha de ser ÚNICA, igual para todos y ESTABLE en el tiempo. Sin embargo, podría mencionar algunas que son de exclusivo interés del partido que la promulga y distintas según para quién y en qué lugar. Olvida el legislativo la inestabilidad de una ley que nace del enfrentamiento y no del acuerdo. Su aplicación abarca exclusivamente el tiempo transcurrido hasta el próximo cambio de Gobierno con signo político contrario. Estos tres principios son olvidados con demasiada frecuencia y los ejemplos son abundantes y conocidos, siendo raro el día en el que no nos sorprenden con una decisión difícilmente explicable.
No me preocupa el aterrizaje en política de los más cualificados, aunque sean jueces y fiscales, pero si me intranquiliza y mucho, que estos que representan las distintas ideologías de nuestro panorama político puedan regresar al ejercicio de la carrera judicial tras haber recorrido con gusto la senda del binomio política y poder, pero sobre todo, si ya es criticable el sectarismo político existente en muchos casos, lo peor es ser consciente que quién va a juzgar, haya antepuesto la política a la ley en un determinado periodo de su vida y algunos con un exacerbada e injustificable exaltación.
Estoy plenamente convencido que esta sociedad que queremos enteramente democrática, debe articular las normas de funcionamiento que impidan premiar en su carrera a aquellos cuyas actuaciones vienen influenciadas por entes o asociaciones de carácter político cuya única finalidad es poder avanzar en sus escalafones a través de sus relaciones con según qué partido, pero peor aún son aquellos que utilizan su carrera jurídica para alcanzar sus objetivos POLÍTICOS, cuyo resultado hemos tenido la ocasión de sufrir los ciudadanos porque han sido malos jueces o fiscales pero también pésimos políticos que han desprestigiado tan noble profesión. Lo de noble esta referido a la de juez y fiscal.
Barreras entre ambos poderes deben percibirse nítidamente y no encontrarse difuminadas interesadamente por la ambigüedad
Las asociaciones inscritas en el Registro del Consejo General del Poder Judicial perciben una subvención de este órgano para el desarrollo de sus actividades ordinarias, así como para actividades dirigidas a la formación de sus miembros. Entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y Unión Judicial Independiente (UJI), sin embargo, normalmente solo las oímos cuando ofrecen interpretaciones según la ideología que representan y el cargo obtenido por alguno de sus miembros dentro del legislativo de turno, o cuando proponen a sus miembros para formar parte del CGPJ.
He de reiterar mi preocupación y desconcierto por la creciente politización del Poder Judicial. Cuando señor de la Brède y Barón de Montesquieu escribió “El espíritu de las leyes” en 1748, obra clave del pensamiento ilustrado en la que propuso una nueva división de poderes del Estado, separados en tres ramas independientes y en tres áreas de responsabilidad distintas en el que ninguno mandara sobre el resto, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, seguramente no hubiera permitido que la elección de los 20 vocales que componen el CGPJ lo fuesen por las Cortes Generales, 10 por el Congreso (6 jueces o magistrados y 4 juristas de reconocida competencia) y los otros diez por el Senado. El mismo problema existe con el Tribunal Constitucional que se compone de 12 miembros; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Es muy tentador para el poder legislativo que aprueba y deroga leyes, tratar de controlar a quién las interpreta, las hace respetar o las invalida, que no deja de ser la forma de fiscalizar que las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Ley. Deducir el problema que actualmente se plantea es fácil, “El zorro no debe guardar las gallinas”. Hablar de independencia del poder judicial es harto difícil.
Es imprescindible que él ejecutivo, el legislativo y el judicial sean poderes independientes. En el nombramiento de los representantes de los dos primeros no hay mayor problema que el que ofrece el sistema de su designación según la lista del partido en las elecciones, sin embargo, para el órgano judicial sus miembros son nombrados por componentes del Congreso y Senado, es decir; por “políticos” que con toda seguridad tendrán distintos intereses. Presumimos de algo de lo que carecemos, de la independencia que promulgaba Charles Louis de Secondat (Montesquieu) entre poderes.
La solución al parecer ya pactada no es mala, pero no me atrevo a calificarla de buena y SI de claramente INSUFICIENTE. Como he dicho antes NO es de recibo que un magistrado que ha ocupado un alto cargo político pueda ocupar posteriormente un lugar en el CGPJ o en el TC. Son cargos que le deberían quedar vetados por ley a perpetuidad y para evitar lo que hemos llamado “puertas giratorias”.
Las barreras entre ambos poderes deben percibirse nítidamente y no encontrarse difuminadas interesadamente por la ambigüedad.