Puerta a puerta: quién vive aquí

La Ciudad buceó durante 2013 en el padrón municipal y tras escudriñarlo hasta el último recoveco decretó la eliminación de 4.047 inscritos.

En todos los casos concluyó que realmente no cumplían los requisitos para figurar en ese listado. El balance lo presentó a principios de semana la consejera de Gobernación, Yolanda Bel, el rostro político que en el arranque de la legislatura recibió el encargo de pisar el acelerador en el combate contra una práctica ilegal –la de las inscripciones como ceutíes de residentes ficticios– que se traduce en una sangría económica para las Administraciones local y central en forma de ayudas sociales, bonificaciones o subvenciones a ciudadanos que en realidad no tienen derecho a percibirlas.
Bajo las cifras, siempre frías, se oculta el trabajo diario y minucioso de un equipo, el Grupo de Información de la Policía Local que coordina el inspector Juan Carrasco, encargado de liderar a un equipo integrado además por un oficial y ocho agentes. Son ellos quienes, entre otras decenas de cometidos, batallan cada jornada contra quienes intentan, en algún rincón de la ciudad, colarse por alguna rendija burocrática con el único objetivo de constar en los registros como empadronados de pleno derecho. “Hacemos un trabajo silencioso para reducir al mínimo el fraude. Esto no es nuevo, se ha intentado hacer siempre, pero es cierto que en los dos últimos años se ha intensificado con mucha fuerza. Y ahí están los resultados”, destaca Carrasco.
La dinámica de trabajo está perfectamente estructurada: tras atender a primer ahora consultas o recibir a vecinos a los que se reclama información ante posibles dudas, los agentes salen a la calle con una relación de domicilios bajo el brazo. El listado no es aleatorio: es fruto de un cruce de informaciones previas, de verificaciones y, sobre todo, de las alarmas que saltan cuando los funcionarios se percatan, por ejemplo, de que en una  vivienda de tan solo dos dormitorios hay censadas 21 personas. La documentación aportada por los propios ciudadanos cuando solicitan la inscripción, la que generan en los cambios de un domicilio a otro y las revisiones periódicas padronales que la Policía realiza de oficio aportan buena parte de las claves, y también de las sospechas, que hacen recelar a la Policía Local.
Con la relación por delante, los agentes inician cada día su ronda de más de tres horas por la ciudad, lo que llaman “trabajo de campo”. Por sorpresa, se presentan en los domicilios en los que intuyen que puede estar cometiéndose una irregularidad: inquilinos que figuran como empadronados aunque nadie les ha visto desde hace años,  familias enteras  que supuestamente se agolparían en un puñado de metros cuadrados, marroquíes que aparecen en Ceuta como residentes sólo para acceder a beneficios sociales, trabajadores de la construcción que buscan empadronarse para obtener descuentos en los billetes de las navieras, presuntos trabajadores que anhelan los beneficios fiscales de los ceutíes... La lista alimentada por la picaresca es interminable.
La jornada del jueves arrancaba para el Grupo de Información en la calle Rodríguez Berlanga. Una llamada a la puerta y, tras aparecer uno de los inquilinos e identificarse los agentes, comienza el cuestionario sobre la relación de supuestos inscritos en el domicilio : “quién vive aquí”, “cuántas personas en total”, “a quién corresponde este nombre”, “¿esta persona es su mujer o su hermana?”... A lo largo de las respuestas desfilan padres, hermanos, cuñados que residían en el domicilio pero desde hace un año trabajan en Marbella, un fallecido e  incluso una identidad que el vecino asegura desconocer. Resumen: 16 identidades comprobadas y 9 residentes a día de hoy. “Son todos familiares y tienen DNI. No hay en apariencia nada irregular. Lo habría en caso de que tuvieran NIE (Número de Identidad de Extranjero), porque en esos casos es un indicio de que pueden ser marroquíes a los que se intenta convertir en residentes para acceder a alguna ayuda”, detallan los agentes. No obstante, como en el resto de los casos, habrá nuevas verificaciones por sorpresa en las semanas siguientes.
De las proximidades de Villa Jovita hasta Benzú, uno de los puntos calientes de la ciudad en la búsqueda de irregularidades junto al Príncipe, los Rosales o Juan Carlos I. “Quizás hay más proporción, pero pisos patera  por ejemplo hay en el centro de la ciudad”, advierte Carrasco. En ese extremo de Ceuta no hay tanta suerte porque el Grupo se topa con uno de sus grandes obstáculos: son visitas sin anuncio previo y los inquilinos a esas horas están trabajando. La dirección queda registrada para otra visita. En esa barriada, como en tantas otras, los agentes cuentan con la colaboración de los policías de cada distrito, auténticas bases de datos de vecinos y viviendas porque conviven con ellos a diario. Conocen cada esquina e incluso ejercen como intérpretes. Uno de ellos relata, por ejemplo, el caso de una vivienda donde figura inscrito un titular y dos mujeres: la esposa actual y de la que se divorció hace tiempo, algo que consideran sospechoso.
De nuevo al centro de la ciudad, hasta la calle Canalejas, a unos pasos de la Plaza Azcárate. La visita incluye un ático y dos pisos inferiores, pero los policías sólo encuentran ocupada una de las viviendas. Sin luz en las escaleras y tras comprobar las direcciones en los buzones, los agentes se topan con un inquilino al que le cuesta entender las preguntas en español. Alega que en la vivienda residen él, su mujer, dos hijas y dos nietas, pero no los maridos de aquellas. Pendiente de otra verificación, también sorpresa.
 A las 14:00 toca regresar a las oficinas y atender de nuevo consultas y quejas. Algunas, incluso ofuscadas. “Hay quien se molesta, como un hombre que preguntaba el otro día por qué tenía que aportar tanta documentación. En su domicilio quería empadronar a una joven  casi 20 años menor y extranjera. Sospechoso...”, aclaran en el Grupo de Información.

Claves

Quién comete el fraude
Hay varios perfiles, pero el más común es el de los ciudadanos marroquíes que buscan por cualquier medio figurar como residentes en Ceuta para optar a ayudas sociales (por desempleo, asistenciales, sanitarias...), pero también peninsulares que persiguen desde descuentos en las compañías navieras hasta bonificaciones fiscales en el IRPF. Todos alegan que trabajan o residen aquí.

Cómo se persigue
El Grupo de Información recibe los listados de viviendas sospechosas cuando algún dato, como los facilitados por el departamento de Estadística de la Ciudad, hace sonar la alarma. El caso más habitual es el de viviendas con apenas dos habitaciones en las que llegan a figurar decenas de censados.

Domicilios en los que se solapan los apellidos

Después de tantos años escalando tramos de escalera y aporreando puertas, los agentes del Grupo de Información de la Policía Local intuyen en apenas unos segundos dónde se esconde un piso patera, los domicilios en los que al otro lado de la puerta pueden llegar a acumularse más de 20 supuestos inquilinos. La duda en una respuesta o un simple “no sé” como réplica a una pregunta que no aparenta excesiva complejidad les pone en alerta. Más aún si los datos que aparecen en sus listados ya les hacían sospechar de antemano.
En pleno centro, en un segundo piso, dos integrantes del equipo de investigación hacen sonar un timbre. Tras una espera no muy larga aparece una mujer, acompañada por un menor de edad, que se somete al cuestionario. Asegura ser “familiar” del titular del domicilio. El nombre que aporta no figura en la relación de empadronados que manejan los agentes. Al preguntarle sobre las identidades del resto de supuestos ocupantes que aporta la Ciudad, dice conocer a uno, pero sobre otros contesta con un “me parece que sí vive” y un “no lo conozco”. Los policías desconfían y marcan el inmueble como un posible piso patera que deberán volver a visitar “no una, sino bastantes veces más”, confirman, hasta reunir el número suficiente de pruebas documentales –identidades reales, contratos de alquiler...– que determinen si se está cometiendo o no una ilegalidad.
“Hay motivos suficientes para sospechar”, sentencian. “Por ejemplo, ha dicho que en el domicilio vivían unas cuatro personas, cuando a nosotros nos constan como empadronados ocho”, explican los agentes. Pero hay más: entre esas identificaciones personales figuran hasta cinco apellidos distintos, otra pista de que no existe vínculo familiar alguno y sí la más que fundada sospecha de que  el titular del contrato de alquiler se dedica a subarrendar por su cuenta habitaciones. “Pero es que muchas veces ni duermen aquí. Están por ejemplo en Marruecos  y lo que buscan es figurar como residentes para tener acceso a la sanidad, a ayudas o a escolarizar  a los niños”, añaden. Los indicios encuentran más fundamento aún en otro detalle: sólo uno de los inquilinos posee DNI español, mientras que de los restantes siete tan solo consta documentación extranjera. “En estos casos suele ser ése quien alquila y luego cobra a los demás cantidades que pueden oscilar entre los 100 o los 150 euros, así que ya nos podemos imaginar lo lucrativo del negocio”.
Los pisos pirata contra los que lucha la Policía Local no acogen sólo a marroquíes. En el 40 por ciento de los casos de falsos empadronamientos aparecen trabajadores peninsulares que no residen realmente en ellos o que una vez concluido el trabajo que vinieron a realizar a Ceuta se olvidan misteriosamente de darse de baja en el padrón para arañar algún beneficio fiscal. Batallas diarias que intenta aflorar la Ciudad.