Celebramos el día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, nuestra festividad institucional. Gracias a esta conmemoración podemos todos los ceutíes celebrar algo en común, un evento que nos unifica, aunque no hace mucho aún se cuestionaba esta fiesta. Pero gracias a la perseverancia institucional, hemos consolidado un motivo cívico exclusivamente local para festejar en común, porque el resto del calendario de festejos locales está basado en motivos religiosos y, estos, ya sabemos que son celebraciones parciales, que pertenecen a cada una de las comunidades que aquí residen.
Aprovechando la ocasión, podemos reflexionar sobre los motivos que tenemos para celebrar también la autonomía de la Ciudad. Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones, pero es evidente que la ciudad no fue a peor desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía, sino todo lo contrario. Por mi parte, creo que viene bien que nos detengamos un momento para recapitular sobre el uso que le damos a los poderes que el Estatuto nos da y enfocarlos hacia el futuro.
A nivel práctico, la valoración del potencial de autogobierno que contiene nuestro Estatuto, quizá sea una de las cuestiones menos analizada durante estos últimos tiempos. Sin embargo, es necesario desarrollar la capacidad autonómica de la que disponemos porque es uno de los recursos más precisos para abordar los problemas a que nos enfrentamos. Constato en mis conversaciones con amigos y paisanos la preocupación y el desánimo sobre el futuro de Ceuta, veo la necesidad de hacer frente a muchas cuestiones que se han ido maleando, y creo sinceramente que existen medios y posibilidades para laborar juntos por un futuro mejor.
Como todos ustedes saben, nuestro Estatuto regula instituciones y competencias que pertenecen a dos esferas del poder territorial: la local y la autonómica. El régimen local se inserta como una pieza básica en la organización territorial del Estado y la importancia de las competencias municipales, que le están atribuidas en su núcleo fundamental al municipio de manera exclusiva, revisten una característica especial: los denominados servicios mínimos municipales están formulados en términos de obligación. Así, alumbrado, basura, agua potable, limpieza, alcantarillado, pavimentación, parques, tratamiento de residuos, prevención y extinción de incendios, situaciones de necesidad social, protección civil, transporte colectivo, etcétera, etcétera, son servicios obligatorios municipales. No hay dudas ni indecisiones sobre si se prestan o no; se pueden gestionar y ordenar de una forma u otra, pero se han prestar. En esta esfera, nuestras instituciones funcionan como el resto de los Ayuntamientos, aplicando la misma legislación según tamaño, y también, de forma muy semejante a la de la mayoría de los sistemas continentales próximos al nuestro, con los que compartimos un parecido origen histórico.
En cuanto al régimen autonómico, es el derivado de un reparto vertical del poder con el Estado, de forma que la atribución de competencias y materias es exclusivamente la que figura en los Estatutos de Autonomía. Se tiene competencia autonómica si se dispone de un Estatuto. Si las potestades y competencias no están expresamente atribuidas al ente autonómico –Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía- es el Estado quien las ejerce. Pero si las tiene atribuidas el ente autonómico, el Estado ya no es competente para establecer políticas en esos ámbitos materiales. De manera que si no se ejercen estas competencias, los ciudadanos en esas materias quedan abandonados a su suerte. En este ámbito de autogobierno, los servicios, en principio, ya no son obligatorios, sino que quedan a la discrecionalidad política del poder que sobre los mismos es competente.
No es una sutil diferencia, como ven. En lo local, es obligación de los poderes gestionar los servicios; en lo autonómico, la competencia se ejerce de conformidad con la voluntad política que decide organizarlos. Para los primeros, existen responsabilidades jurídicas de los gobernantes si no se llevan a cabo; para los segundos, no. Es probable que, en nuestra ciudad, al estar las competencias atribuidas conjuntamente a las mismas instituciones, la confusión sirva de velo para cubrir las diferentes responsabilidades. No obstante, lo que aquí nos mueve es que, si bien respecto a las competencias locales todo está meridianamente claro y podemos comprobar no solo si se ejercen, sino también la forma y manera en que se hace, en lo segundo, el ámbito autonómico, no existe de manera concreta, una valoración sobre la ausencia de políticas públicas en unas materias para las que la Ciudad es la única administración competente. Si la oposición no lo cuestiona, quedan los ciudadanos para reclamarlo, y si estos tampoco lo hacen, es que todos estamos conforme.
A mayor abundamiento, para que puedan ejercerse estas competencias, locales y autonómicas, el sistema de financiación aporta los fondos de acuerdo con una distribución de recursos que tuvo en su origen como criterio el llamado coste efectivo de los servicios, pero que con la evolución del mismo se decantó, aplicando parámetros generales, en una atribución incondicionada, de forma que son los gobiernos autonómicos quienes en los presupuestos que aprueban sus asambleas legislativas distribuyen el dinero entre los diferentes ámbitos materiales. Es la política la que determina cómo se financia cada competencia, y también si se financia o no tal o cual materia.
Bien, con todo esto quiero subrayar que la Ciudad dispone de un amplio y reconocible ámbito de poder, a partir del cual podemos analizar cómo resulta el ejercicio de sus políticas públicas comparándolas con el resto de las Comunidades Autónomas en las competencias donde son semejantes. Podemos, por tanto, por ejemplo, comparar si se proyectan o no políticas concretas sobre todas las materias atribuidas o sólo sobre algunas de ellas, a qué materias se les da prioridad sobre otras, cómo inciden las decisiones estatales o la carencia de ellas sobre las materias compartidas, y una larga lista sobre políticas comparadas. Es un ejercicio que requiere conocimientos específicos en la materia, y en toda administración deben existir expertos para llevarlos a cabo. Pero, que yo conozca, en nuestra ciudad no se elaboran memorias ni estudios cualificados sobre el ejercicio del poder. Como tampoco existen las imprescindibles series estadísticas para tomar decisiones desde que se desmanteló el Consejo Económico y Social de la Ciudad., sin que ningún otro órgano de la administración asumiera esa tarea tan imprescindible.
En consecuencia, hacer una valoración sobre el uso de la autonomía, en estas circunstancias, ha de efectuarse a partir de deducciones y evidencias comprobables. Por ejemplo, el lento caminar autonómico que los diferentes gobiernos de la Ciudad han ido marcando se refleja en la manera de organizar el funcionamiento de su administración y de las instituciones. Teniendo poder para diseñar y regular su propia organización, no fue hasta finales de 2015 cuando se aprobó el Reglamento de gobierno y servicios de la administración y en febrero de 2018 el Reglamento de la Asamblea. Es decir, transcurridos más de 20 años desde que entró en vigor el Estatuto, se aprobó por primera vez una norma más acorde con el poder autonómico que la Ciudad ostenta. Hasta entonces, como no puede existir un vacío legal en las actuaciones de los poderes públicos, se le aplicaba por mera y parcial analogía la normativa básica del Régimen Local. O siguiendo con los ejemplos, más años han transcurrido sin hacer una relación de puestos de trabajo, imprescindible para el racional funcionamiento de la administración. Pero no me refiero a un acuerdo sindical con el número de puestos en plantilla, sino al instrumento requerido para saber cuales son las funciones que cada puesto ejerce y las tareas que estos han de cumplir, de manera que estén definidos también los requisitos necesarios para cubrirlas. O también, que un buen índice para medir la intensidad de las políticas públicas son el número e importancia de los reglamentos aprobados, así como de los planes y programas para aplicarlos, de todos los cuales pocos hay en nuestra Ciudad. Todo en el ejercicio de los poderes públicos ha de estar regulado para que estos no actúen discrecionalmente, pues todos somos iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Y así sucesivamente.
En esta senda de análisis deberían encaminarse las evaluaciones, pero en este lugar, mi intención, como ya he mencionado, es animar a que se utilicen los medios que tenemos para hacerle frente al futuro. La autonomía ha de servir para algo más que para gestionar los servicios esenciales de la ciudad. Es usar el poder transformador que en las Comunidades Autónomas se ha hecho evidente, siendo coparticipes necesarios con el Estado del desarrollo social y económico. En materia tan importante son competentes tanto el Estado como las autonomías, pues la existencia de competencias sectoriales inciden sobre la economía y la determinan.
Sería fácil un desarrollo floreciente si viviéramos en un territorio, digamos, cincuenta veces mayor que el nuestro, y donde las reservas naturales fuesen abundantes y estuvieran prácticamente íntegras. Entonces no haría falta planificar el futuro. Lo malo es que nuestro territorio es el de una ciudad pequeñita que empieza a estar demasiado poblada, donde el crecimiento no puede ser ilimitado, pues carecemos de un desarrollo sostenible y, además, ahora comienza a verse asfixiada por una realidad adversa. ¿No deberíamos usar nuestra capacidad de autogobernarnos para poner algún remedio? ¿No les parece imprescindible planificar el futuro? Propongo aquí algunos ejemplos, a modo de muestrario:
1º. Habría que revisar el estatus que tenemos dentro de la Unión Europea. Se pidió, al parecer, ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero sería bueno también que pensáramos por nosotros mismos qué es lo que más nos interesa. Nuestra administración puede convocar perfectamente a un grupo de expertos para analizarlo y puede ir agregando posiciones entre los intereses de la ciudad. Nadie puede limitarnos en nuestras aspiraciones por saber. Sabiendo, luego podrán adoptarse las decisiones que más nos convengan. En todo caso, una Ceuta plenamente integrada en la UE no se vería tan avasallada por los vecinos.
2º. Ha transcurrido ya un largo periodo de experiencia para analizar nuestro desarrollo autonómico, y diagnosticar lo que nos falta realmente para hacerlo más eficaz. En un libro recientemente publicado por el IEC, explico cómo y por qué debería acometerse.
3º. Un estudio sobre nuestro futuro demográfico es esencial. Depende de ello nuestra viabilidad como Ciudad. Metodología y profesionales cualificados hay para que se pueda realizar con todas las garantías.
4º. La integración y convivencia entre comunidades con valores culturales y pautas de comportamiento tan diferentes, es un experimento que en Ceuta se viene llevando a cabo desde hace tiempo. Sería conveniente evaluarlo y fomentar unos códigos comunes de comportamiento, pactados entre las distintas comunidades y con responsabilidades explícitas para cada uno de los colectivos. Hay mucho que inculcar para que el Estado de derecho subsista e impida que la conflictividad se instale en una sociedad tan compleja. Somos un laboratorio de futuro.
5º. Pieza esencial en este entramado es la materia educativa. La Ciudad debe asumir competencias para adaptar a nuestra compleja y multicultural realidad la aplicación de un sistema educativo previsto con carácter general. Se requieren programas específicos para la integración. Debería compartirse el ejercicio de la competencia y negociar un acuerdo con el Ministerio que lo posibilite.
6º. La planificación del suelo urbano y la vivienda llevan un retraso tan acumulado que está colapsando el desarrollo económico de la ciudad. Es urgente aprobar una ley del suelo para Ceuta y un Plan General de Urbanismo que no solo tenga en cuenta las extralimitaciones que en estos tiempos sin ley se han llevado a cabo, sino que contemple una perspectiva de futuro que racionalice el uso del escaso territorio que habitamos.
7º. El fomento y desarrollo de la economía, preocupación indudable de nuestros gobernantes, ha de enfocarse también con un modelo de gobernanza que implique a todos los intereses articulados y lo dinamice.
8º. La mejor forma de movilizar nuestros recursos e implicar a todos los colectivos ciudadanos en el futuro de la ciudad, es elaborar y ejecutar un Plan Estratégico con objetivos para alcanzar un futuro mejor. Tanto lo hemos reclamado algunos, que resulta esperanzador que se haya comenzado a hablar de ello entre los partidos.
9º. Programar un plan de formación para los funcionarios de la Ciudad. Nuestras dimensiones y economía de escala nos impiden mantener un Instituto de formación, pero existe una experiencia profesional importante en el Estado como para concertar con su administración un plan de formación a nuestra medida. Profesionalizar y modernizar la actual administración es imprescindible.
10ª. Por último, todos los diagnósticos que se realicen y las soluciones que se contemplen deberían ser explicados a la ciudadanía, pues la esperanza genera energías y es conjuntamente como se gana el futuro.
