El PSOE de Ceuta ha denunciado públicamente la postura del Gobierno de la Ciudad tras el rechazo de la gran mayoría de sus enmiendas al Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales.
Este documento, considerado estratégico para la protección de la ciudadanía, ha sido criticado por los socialistas al entender que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha bloqueado cambios estructurales necesarios, optando por mantener un sistema que deja desamparadas a las familias con mayor índice de vulnerabilidad.
Según Raquel Miaja, responsable de Política Autonómica del partido, el Ejecutivo ha preferido un modelo rígido en lugar de uno transformador.
Uno de los puntos más polémicos señalados por el PSOE es la permanencia del criterio de "signos externos y formas de vida" para evaluar la situación económica de los solicitantes.
Para la formación, esta fórmula es “subjetiva y arbitraria”, ya que vulnera la seguridad jurídica y permite evaluaciones basadas en la apariencia, algo impropio de una administración moderna.
Asimismo, se critica la falta de agilidad en los tiempos de respuesta. Actualmente, los plazos de resolución se mantienen en tres meses, un periodo que los socialistas consideran inasumible en contextos de emergencia social.
A pesar de haber propuesto mecanismos para evitar estos retrasos, el Gobierno los ha descartado sin ofrecer argumentos sólidos.
La denuncia socialista también pone el foco en el rechazo a ampliar la cobertura hacia realidades que hasta ahora permanecen invisibilizadas. Entre las propuestas denegadas se encuentran:
Para Raquel Miaja, el argumento de evitar una "complejidad innecesaria" en la administración esconde, en realidad, una resistencia a la transparencia y a dotarse de instrumentos de control en la concesión de ayudas públicas.
A pesar del balance negativo, el PSOE de Ceuta destaca que su trabajo técnico ha logrado forzar la aceptación de algunas mejoras puntuales que responden a necesidades cotidianas.
Entre estos logros se encuentran la deducción del 50% de gastos de hipoteca o alquiler en el cómputo de ingresos, la protección de víctimas de violencia LGTBI-fóbica en el empadronamiento y la inclusión de electrodomésticos básicos como calentadores en las ayudas.
No obstante, el partido concluye que Ceuta sigue necesitando un cambio de modelo que ponga la dignidad de las familias en el centro.
Lamentan que se perpetúe una rigidez burocrática que ignora las nuevas brechas sociales, advirtiendo que mantener este sistema tiene un coste humano que la ciudad no puede permitirse.
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