El PSOE de Ceuta mantiene, según las fuentes consultadas por este periódico, su convicción de que el mejor futuro para el conjunto de la plantilla de las Brigadas Verdes pasa por que pasen a depender de Tragsa y no sigan siendo gestionadas por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), cuyas dificultades para justificar el uso de los fondos recibidos han dado pie en ocasiones durante los últimos años a retrasos en el pago de las nóminas por los reparos de la Intervención a avalar más transferencias.
Fuentes socialistas han explicado que como primer grupo de la oposición están “apretando” para persuadir al Ejecutivo del PP de que completar la hoja de ruta prevista es la forma más eficaz de dar “estabilidad” al proyecto, pero han negado que esa culminación se haya puesto como “condición” para respaldar la aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad para 2023.
El referéndum celebrado la semana pasada en la sede de la FPAV ha complicado la gestión del futuro de las Brigadas Verdes, ya que el Comité de Empresa debe firmar la adhesión al Convenio estatal de Jardinería que Tragsa reclama para la subrogación de los 134 trabajadores. Con la oposición de la mayoría de los que se pronunciaron (66 en contra del trasvase y 53 a favor), la legitimidad de CCOO para secundar ese cambio se antoja casi imposible.
Como empresa pública Tragsa no puede contratar sin más ni más a los trabajadores que sí quieren pasar a depender de ella, por lo que debería articular algún tipo de procedimiento de selección de personal que exigiría tiempo, el que no existe antes de que expire, el 31 de diciembre, la vigencia del convenio de 2022 con la FPAV.
La Federación de Vecinos, según explicó ayer su vicepresidente primero, Miguel Ayora, está dispuesta a seguir con las Brigadas Verdes. “Espero que se respete la opinión de los trabajadores y que un proyecto que nació hace 15 años y que ha funcionado estupendamente con altos y bajos se mantenga”, resumió.
El Gobierno de Vivas ha incluido en el proyecto de Presupuestos de la Ciudad para 2023 una partida de 4,6 millones de euros para seguir sosteniendo las Brigadas Verdes. En el documento consta que servirá para financiar el convenio con la FPAV, pero en realidad recoge el sobrecoste (1,1 millones) que costaría llevarlas a Tragsa.
Si el trasvase no se consuma la administración no solamente prevé rebajar su montante a 3,5 millones (el importe de 2022), sino reducirla aún más teniendo en cuenta que la plantilla de contratados ha caído más de un 10% durante los últimos años, así como completar la revisión de las últimas justificaciones de gastos.
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