Si dirige usted una empresa y ejerce como proveedor de la Administración Pública –en sus miles de variantes, ya sea suministrándole por ejemplo folios o encargándose de la limpieza o vigilancia de sus instalaciones– ya sabrá, de sobra, que desde enero le toca lidiar con la factura electrónica.
El Gobierno central aprobó la reforma en diciembre de 2014 y es de aplicación en todo el Estado desde mediados de enero. Se acabó el papeleo burocrático: si quiere cobrar por su trabajo debe presentar la documentación acreditativa a través de una plataforma informática bautizada como 'FACe' o Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, coordinada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y común para todo el territorio nacional.
Como no podía ser de otra forma, alrededor del estreno han aflorado dudas y fallos. La Ciudad los ha ido detectando en los primeros meses de andadura de la iniciativa hasta elaborar un listado de errores comunes que tratará de corregir este jueves en una jornada práctica a la que están invitados todos los empresarios o personas físicas cuyo negocio, en mayor o menor grado, esté vinculado a la Administración. La acogerá el Salón de Actos de la Asamblea y arrancará a las 9:30. Por delante, varias horas en las que un técnico informático y dos funcionarios de Intervención reproducirán de principio a fin el proceso al que ahora deben enfrentarse todos los proveedores sin excepción, arrancando en la creación de una supuesta factura y concluyendo en su envío y presentación telemática.
"Se producen errores en los números de cuentas bancarias, a la hora de adjuntar documentos, en las numeraciones, en las facturas rectificadas... Es comprensible, porque el empresario desconoce la materia, como nos ocurría también a nosotros hasta hace poco. Por eso pretendemos solucionar esas lagunas", asegura Armando Ruiz, del área de Servicios Informáticos de la Ciudad. Ese equipo dice haberse puesto previamente "en la piel" de los proveedores para experimentar en primera persona los obstáculos que están obligados a sortear, desde la instalación de factura-e, el programa gratuito que facilita el Ministerio; hasta la codificación del certificado electrónico o el envío de la propia factura hasta el punto de entrada digital, que la Administración local se esfuerza en aclarar que es nacional y centralizado y en el que la Ciudad sólo ejerce de intermediario, como "un mero eslabón de la cadena".
Aunque la factura electrónica es obligatoria en todo contrato cuyo montante supere los 5.000 euros, el Gobierno central dio cierto margen de maniobra para que cada Administración decidiera qué hacer con los productos o servicios por debajo de ese listón. En el caso de la Ciudad, se decidió incluirlas también en el nuevo formato. El papel, por tanto, ha quedado desterrado. "El programa está en evolución, se puede mejorar, y de momento presenta defectos. Esos errores y dudas es lo que vamos a intentar solventar", asegura Ruiz.
