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Protocolo de actuación

Por Redacción
26/10/2014 - 09:50

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La Guardia Civil toma el nombre de Benemérita por los numerosos servicios de auxilio y defensa de los ciudadanos en toda clase de catástrofes y desgracias. Desde 1844, la Institución ha ido cambiando y amoldándose a la evolución política y social del país.

Hemos pasado de servir en la dictadura a servir en la democracia y, como a todos los ciudadanos, nos gusta la democracia y defendemos sin tapujos los principios democráticos.
La evolución democrática y social ha provocado la legalización de las Asociaciones de Guardias Civiles, cuya principal misión es asesorar, informar y proteger a los guardias civiles en su difícil misión de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero no se puede obviar, que para que los guardias civiles estén perfectamente protegidos, deben tener la certeza que su actuación profesional se ajusta al ordenamiento jurídico. 
 La Constitución, en su artículo 104, nos fija la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este mandato constitucional implica que los guardias civiles no seamos meros observadores de lo que pasa, porque su exigencia va más allá, como bien el artículo 104 de la Constitución “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”. Este mandato nos obliga a garantizar a los ciudadanos, que donde brille el verde de la Guardia Civil,  estos tendrán garantizados los derechos humanos y se les respetara sus derechos constitucionales.
 El pasado día 22 de octubre, el Ministerio del Interior ha culminado un protocolo de actuación integral en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla para dar respuesta a la presión migratoria.  El protocolo, que entrará en vigor una vez modificada la Ley de Extranjería, contempla la singularidad de las fronteras de ambas ciudades autónomas. Un protocolo que no modifica los principios de actuación de los guardias civiles que realizan el servicio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
 No son pocos los medios de comunicación que han solicitado que demos nuestra opinión sobre el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, pero vuelvo a insistir, que en Ceuta se respetan los derechos humanos y constitucionales de los inmigrantes que tratan de acceder a nuestra ciudad y lo hacemos aplicando el protocolo. Unas normas que se vienen cumpliendo desde hace décadas y si tuviéramos la mínima duda de vulneración de derechos lo hubiéramos puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal.
 Sin embargo, lo expresado hasta ahora, no impide decir que el protocolo al que he tenido acceso, no aporta ninguna circunstancia que hasta ahora no estuviera contemplada en los principios de actuación. No hemos observado ningún apunte sobre la interceptación en mar de inmigrantes irregulares, pero entendemos que un comunicado es una nota sobre una ley que se pretende cambiar, no especificaciones concretas de la misma.
 Una vez que conozcamos la nueva normativa que se pretende aplicar, las asociaciones profesionales, aportaremos nuestra opinión con el único fin de garantizar los derechos de los guardias civiles y porque no decirlo, impedir que se vulneren derechos ciudadanos o de inmigrantes, porque es un mandato Constitucional que da prestigio a una Institución presta a ser garante de los derechos ciudadanos.
 No es fácil ser guardia civil y realizar el servicio en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. Esta afirmación queda evidenciada con las imágenes que cada día son emitidas por las televisiones sobre los intentos de entrada de los inmigrantes en Melilla. Los compañeros que prestan servicio allí se encuentran con saltos de cientos de personas que tratan de asegurarse el sustento y, por otro lado, se cuestiona continuamente si estas actuaciones se ajustan al ordenamiento jurídico. Esta última cuestión es la que más preocupa a los guardias civiles de Melilla, porque es difícil trabajar en estas dramáticas circunstancias desde el punto de vista humano y profesional. Esta apreciación es una de las razones por la que esperamos con expectación una ley que regule, limite y establezca claramente los principios de actuación, no sólo para Ceuta y Melilla, porque la inmigración buscará otras rutas o caminos si, por cualquier circunstancias, las fronteras naturales de Ceuta y Melilla fueran infranqueables.

*Juan Amado González (vocal del consejo)

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