La comunidad educativa de Tánger se ha unido en una firme condena tras el asesinato de Hajar, una profesora que perdió la vida a manos de uno de sus alumnos. El trágico suceso ha sacudido al país y ha puesto nuevamente en primer plano el grave problema de la violencia en las aulas.
Como ha informado el medio digital tanger7.com, en respuesta, el profesorado ha salido a las calles para exigir protección, justicia y un cambio profundo en el sistema educativo.
En el marco de una huelga nacional convocada el 16 de abril por sindicatos del sector, cientos de docentes se concentraron frente a la sede de la Dirección de Educación Nacional en Tánger. Allí, lanzaron consignas de rechazo al crimen y denunciaron el clima de agresión constante al que, aseguran, están expuestos a diario.
La protesta fue una muestra de dolor, pero también de cansancio acumulado. El asesinato de Hajar se ha convertido en un símbolo de una situación que, según los docentes, lleva años agravándose sin recibir la atención que merece.
Yassine Ben Slimane, secretario provincial del sindicato Unión Nacional de la Enseñanza, aseguró que los casos de violencia contra el profesorado son mucho más frecuentes de lo que se cree.
Según explicó en declaraciones al medio tanger7.com, en Tánger se llevan a cabo manifestaciones prácticamente cada dos semanas por agresiones a docentes. El problema, afirma, está completamente normalizado y desatendido.
Ben Slimane apuntó directamente a la falta de disciplina en los centros educativos, a la pérdida de referentes tanto en el entorno familiar como en el social, y a normas blandas que no disuaden a los alumnos de recurrir a la violencia.
Como expuso tanger7.com en el artículo publicado, el sindicalista cargó contra lo que calificó como una “política educativa fallida”, y criticó con dureza a las redes sociales, a las que responsabilizó por fomentar una imagen distorsionada del docente.
A su juicio, en plataformas digitales y en ciertas campañas, el profesorado aparece retratado como un enemigo, “como un monstruo que no enseña”, lo cual —dijo— mina la autoridad de los educadores y los expone a situaciones de riesgo.
También acusó a algunas asociaciones civiles de contribuir a esta narrativa negativa, en lugar de apoyar al personal educativo.
Ben Slimane reclamó una respuesta inmediata del Gobierno, al que reprochó su silencio ante un hecho de tal gravedad. Exigió cambios legislativos, el fortalecimiento de los mecanismos de protección para el profesorado y penas más severas para los agresores.
El asesinato de Hajar ha desatado una ola de indignación que ha traspasado los límites del sector educativo, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros escolares y el lugar del docente en la sociedad.
Los profesores no solo piden justicia para su compañera, sino también garantías para poder ejercer su labor sin miedo. Porque enseñar, recuerdan, no debería ser una profesión de riesgo.
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