El proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta prevé otorgar un nivel de protección integral a ocho elementos arquitectónicos (al margen de los Bienes de Interés Cultural ya considerados como tales, como la fortaleza del Hacho, las Murallas Reales, el Castillo del Desnarigado...
o que se puedan catalogar en un futuro) repartidos por toda la ciudad, desde San Antonio, donde se localiza el conjunto de su ermita, hasta el arroyo de las Bombas, justo al lado del perímetro fronterizo, donde está ubicado el morabito de Sidi Brahim.
Además de estos dos inmuebles, cuando el documento entre en vigor se prevé dar el mayor nivel de protección contemplado al Pabellón del antiguo acuartelamiento de Las Heras (el único que se encuentra en un estado de conservación “malo”), a la antigua Estación Ferrocarril, a la Parroquia de Nuestra Señora de África, a la Casa de los Dragones, a la antigua Estación de Miramar y a la portada del anterior emplazamiento de la Delegación del Gobierno (en el número 1 de la calle Real).
Todos estos edificios quedarán, si prospera el proyecto en su redacción actual tras su paso por el Pleno, como los BIC, protegidos “en su totalidad, preservando por tanto todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio edificado”.
Para otras 36 construcciones, elementos y edificios se propone un régimen de protección “estructural” que implica “protegerlos como unidad arquitectónica y favorecer la conservación de los elementos básicos que definen una forma de articulación, uso y ocupación del espacio”.
En ese listado aparecen, entre otros, el Albergue Militar ‘General Galera’, la Residencia ‘Otero’, el edificio de la Autoridad Portuaria, las parroquias de Nuestra Señora del Valle y Nuestra Señora de Los Remedios, la fachada del Cuartel de Automovilismo, el Cuartel General de la COMGECEU, el Auditorio del Revellín, la Casa Trujillo, los antiguos hoteles ‘Majestic’ y ‘Alhambra’, el edificio del Ayuntamiento, la Iglesia de San Francisco, la mezquita de Sidi Embarek y el morabito del cementerio musulmán anexo, la Delegación del Gobierno y el Parque Marítimo del Mediterráneo de César Manrique.
El futuro PGOU establece que tanto en estos edificios como en los que gozarán de protección integral “el mal estado de conservación implicará tomar las medidas necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de catalogación del inmueble, sin que en ningún caso las reparaciones a efectuar, atenten contra las partes del edificio en normal estado de conservación y los edificios colindantes o supongan la desaparición, en el inmueble, de sus elementos de interés”.
Los inmuebles incluidos dentro de estos niveles de protección (integral y estructural) se consideran de interés general, por lo que deberán ser consolidados y rehabilitados “con las ayudas públicas que se establezcan para este fin”.
Protección ambiental
Para 74 inmuebles más se propone conceder el tercer nivel de protección previsto, de naturaleza “ambiental”, que conlleva “proteger el conjunto de edificios que sin tener gran valor por sí mismos son caracterizadores de una cierta imagen urbana”.
En este apartado se incluyen multitud de viviendas de, entre otras, vías, las calles Alcalde Fructuoso Miaja, Real, Delgado Serrano, Revellín, La Marina Española, Velarde, Alfau, Alcalde Sánchez Prados, Paseo de las Palmeras, Agustina de Aragón, Jáudenes y Méndez Núñez.
Al mismo nivel de preservación se plantea someter a la antigua Estación de Autobuses de Colón, el Colegio San Agustín, el edificio de Telefónica en el Revellín, la sede la Tertulia Flamenca en la Plaza Teniente Ruiz o la casa de la familia Ibáñez Cantó.
El intento de demoler un edificio protegido con catalogación integral o estructural, salvo en el caso de ruina inminente declarada, facultará a la Administración para la imposición de multa coercitiva. Para los catalogados en el tercer nivel que se declaren en estado de ruina “deberá señalar la obligación de mantener, en la nueva edificación que se levante en el mismo solar, los elementos que hubieran motivado aquella protección, salvo que se demuestre la imposibilidad, grave dificultad constructiva o coste desproporcionado que la conservación pueda suponer. En este último caso se deberá establecer la obligación de que la nueva edificación conservará las características del entorno ajustándose a las normas de composición de la edificación de nueva planta en zonas protegidas”.
Dos principios de preservación: humanismo y “flexibilidad”
El proyecto de nuevo Plan General instrumenta la protección del Patrimonio Histórico sobre “dos principios básicos”. Uno es el que reza que preservar el Patrimonio es un objetivo humanista que “no debe restringirse al medio ambiente ni a los edificios, cuya agresión o sustitución es un atentado cultural, sino que debe alcanzar en lo posible a las actividades que vienen prestando un servicio a la población, o a las que mantienen un determinado tejido social, por lo que no deben ser erradicadas únicamente por motivos económicos”. El segundo, que debe tenerse en cuenta que “la protección del Patrimonio Histórico debe conjugarse con criterios urbanísticos de suficiente flexibilidad como para permitir la necesaria transformación de usos y actividades en orden a mantener viva la ciudad”. La protección del patrimonio arquitectónico y monumental se articula en torno al Catálogo de Elementos Protegidos, que recoge “las construcciones, elementos y edificios que, con independencia de su actual estado de conservación y grado de alteración respecto a sus características originarias, presentan valores arquitectónicos, tipológicos, constructivos o ambientales, o poseen una capacidad de evocación de formas culturales y medios de vida del pasado histórico, que justifican su conservación y adecuación desde unos criterios de salvaguardia y recuperación”.
