La delegada del Gobierno presentó ayer el alcance local de las medidas aprobadas por el Ejecutivo de la Nación para combatir las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, que ha disparado la inflación, especialmente en sectores como el energético que tienen un efecto cascada automático sobre el resto de la economía.
El Gobierno central, que ya primó la protección de los ciudadanos y empresas más vulnerables durante la crisis sanitaria y económica de la pandemia, vuelve a apostar en esta por la misma idea a través de ayudas directas, rebajas de impuestos y ampliación de los créditos disponibles del ICO para asegurar liquidez a las empresas. Más de la mitad de los ceutíes son potenciales beneficiarios directos de las medidas aprobadas, que en cualquier caso repercutirán positivamente en el conjunto de la ciudad y del país a la espera de comprobar su efecto real y la profundidad y duración de la crisis. Ayer mismo se comenzó a aplicar el descuento de al menos 20 céntimos en cada litro de combustible y todos los sectores del transporte (camioneros, taxistas, autobuses...) podrán acceder también a ayudas para sostener su actividad.
El Estado ha acordado, además, limitar el encarecimiento de los alquileres (un punto especialmente importante en una ciudad con la carestía de la vivienda que tiene Ceuta) e incrementar el Ingreso Mínimo Vital un 15% durante tres meses, así como dar a sus perceptores acceso directo al bono social eléctrico. Se mantiene la red de los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar los despidos y el horizonte parece definitivamente despejado para la entrada en funcionamiento, en tres años, del cable submarino que permitirá mejorar el abastecimiento energético en Ceuta, hacerlo más sostenible y abaratar la descomunal factura que actualmente asume el Estado para equiparar los precios que paga el consumidor final con los que abonan el resto de los españoles cuando los costes de producción son aquí casi cinco veces superiores.
