En marzo de 2022 la Policía Nacional puso en marcha en Ceuta una investigación para destapar un caso de prostitución de menores que tenía a adolescentes como víctimas estafadas para citarse con adultos.
El proceso terminó judicializado con hasta 14 personas citadas en calidad de investigadas en el juzgado tras una denuncia presentada en la Jefatura Superior porque varias chicas estaban siendo inducidas a practicar relaciones sexuales en hoteles y viviendas particulares con adultos.
El contacto se hacía a través de una web y a cambio de dinero. Unos pagos que incluso fueron rastreados por la Policía Nacional para llegar a los clientes.
La Fiscalía ha dado ya traslado a las partes representadas en este procedimiento de la petición inicial de cárcel que presentará a juicio oral y que finalmente cursa solo contra cuatro de las personas que fueron investigadas, entre ellas el considerado proxeneta que ofrecía servicios sexuales de estas menores, así como 3 clientes.
En el escrito de calificación a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, interesa el sobreseimiento de las actuaciones respecto de una joven de la que se presumió su colaboración en esa explotación sexual al considerar que no queda acreditada su participación.
El llamado H.Ch.M., quien ya se dedicaba al ejercicio de la prostitución y sabía de la minoría de edad de las chicas, está acusado de tres delitos de mantenimiento en el ejercicio de la prostitución, mientras que los varones investigados como clientes, identificados como N.B.Z., D.D.D. y J.M.L.G., se enfrentan a un delito de corrupción de menores cada uno.
El Ministerio Público solicita la pena más grave para H.Ch.M. En concreto 13 años de prisión además de medidas de libertad vigilada respecto de las víctimas por espacio de 5 años en dos de los casos y 10 en un tercero.
Los señalados como clientes se enfrentan a 3 años de cárcel cada uno, así como medidas de libertad vigilada de 5 años respecto de las chicas y no tener contacto con menores durante diez.
La Fiscalía considera probado que H.Ch.M. conocía de la minoría de edad de las tres jóvenes inducidas a mantener relaciones sexuales con adultos, siendo especialmente sangrante el caso de una de ellas que estaba en situación de vulnerabilidad.
En 2021 las habría orientado en la forma de ejercer la prostitución a través de una página web a la que accedían adultos para pedir esos servicios. Considera el Ministerio Público que puso en contacto a mayores de edad con estas chicas, llegando a organizar los encuentros en habitaciones alquiladas y fijando los horarios de citas.
A esto añadía otra función más: marcar el precio del servicio sexual, quedándose él con un 50%.
En periodos comprendidos entre 2022 y 2023 se habrían producido citas de estas menores con los clientes que figuran como acusados y que mantuvieron relaciones sexuales por las que pagaron.
Uno de los clientes acusados mantuvo esos contactos con una menor en su propia casa; otro en una habitación de hotel a sabiendas de que la chica no tenía los 18 años, y el tercero en una vivienda.
Una vez notificada la calificación fiscal las defensas tienen plazo para presentar sus informes antes de la apertura de juicio oral que tendrá que celebrarse el máximo órgano judicial de nuestra ciudad, la Audiencia.
El Juzgado de Instrucción número 4 ya consideró que se habían agotado todas las diligencias consideradas necesarias, definiendo a los considerados como responsables de los diferentes delitos asociados a la corrupción de menores y la prostitución.
Las menores tenían edades comprendidas entre los 15 y 17 años, fueron convencidas para ejercer la prostitución con adultos que conocían de esa minoría de edad.
De las hasta 14 personas que fueron llamadas a declarar como investigadas por figurar como posibles clientes de esta red de prostitución, la Fiscalía solo acusa a 3. En uno de los casos el pago se hizo a través de bizum, quedando por tanto reflejados todos los datos del cliente.
Los tres fueron reconocidos por las menores.
La Policía investigó este asunto centrándose inicialmente en un grupo de adolescentes que habían sido engañadas, estafadas o manipuladas para su inducción a hacer actos de este tipo, siendo advertidas además de que nunca podían decir a los clientes que no tenían 18 años.
No obstante, en algunos casos las propias adolescentes lo llegaron a manifestar. Además, se les instaba a vestirse de una manera concreta quizá a modo de despiste de su propia edad; se les advertía de que no confesaran ser menores por si el cliente pudiera formar parte de algún colectivo profesional concreto que, a posteriori, les denunciara.
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