Estas son las propuestas de UGT para el acuerdo de Función Pública

La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha analizado el impacto que ha tenido el Acuerdo plurianual de Función Pública sobre las retribuciones, empleo y derechos, de los cuales dependen muchos empleados públicos de Ceuta.

Sobre este ha indicado que el balance es “positivo” y ha recordado que “cuando se firmó el Acuerdo la inflación se situaba al 10,1% y era prioritario situar en el documento una fórmula de subida fija y variable que permitiera amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de las y los empleados públicos de nuestro país”.

En este sentido, ha añadido que “se ha cumplido la horquilla máxima, con un incremento general de las retribuciones del 9,8%”.

Asimismo, ha indicado que del “100% de las retribuciones pactadas, el 95% del cobro está efectuada”, lo que supone un total de más de 13.000 millones de euros en 3 años. “Y a falta del 0,5% que, con la actualización, supondrá llegar a los 14.000 millones de euros que han contribuido a generar riqueza e impulsar el crecimiento de la economía del país”, han señalado desde UGT.

El sindicato ha expresado que el aumento salarial adicional del 0,5% para 2024 estaba condicionado al hecho de que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6% entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8%).

“El requisito se ha cumplido y una vez salvada la referida publicación en el BOE, el aumento retributivo se debería llevar a cabo de inmediato”, ha señalado la secretaria de Acción Sindical.

Empleo

En cuanto al empleo, durante la vigencia del Acuerdo se han creado más de 370.000 plazas en el conjunto de las Administraciones Públicas, con especial incidencia en actividades claves como Enseñanza, Sanidad, Justicia y Administración Local.

“Una realidad que se ha visto completada con la estabilización de más de 500.000 personas, en base a otro Acuerdo, el de estabilización de julio de 2022”, subrayan desde la formación.

Mejora de los derechos

Araque ha hecho también referencia a la mejora de derechos que ha posibilitado el Acuerdo, se han recuperado todos los que fueron sustraídos por el RDL 20/2012.

Asimismo, ha señalado que se ha innovado en la mejora de la clasificación en Instituciones Penitenciarias, actualización de los importes de gastos de desplazamiento, fomento de políticas de igualdad y frente al acoso, desarrollo de la carrera horizontal, control de la digitalización, la ordenación de los derechos y condiciones de trabajo del personal laboral del Exterior y en la aplicación plena de la clasificación con el reconocimiento del Grupo B.

Negociación de un nuevo Acuerdo

En cuanto a la Negociación de un nuevo acuerdo, Araque ha señalado que es “fundamental iniciar entre Gobierno y sindicatos la negociación de un nuevo marco que garantice y posibilite la continuidad de la certidumbre, creación de empleo de calidad y la consecución de derechos para los empleados públicos de nuestro país”.

La necesitad de un nuevo Acuerdo responde a varias necesidades como la de preservar la estabilidad del empleo, dotar de una carrera y promoción profesional adecuada a las expectativas de los empleados y empleadas públicas o la percepción de unas retribuciones acordes con las importantes funciones que desempeñan para la sociedad.

Entre las demandas también están una formación continua permanente y actualizada, el pleno desarrollo de los derechos fundamentales en el ejercicio de sus funciones en un entorno de igualdad y seguridad, o facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, entre otras.

Objetivos retributivos

En cuanto a los objetivos retributivos, desde UGT Servicios Públicos abogan por medidas que garanticen el incremento y recuperación del poder adquisitivo para la próxima legislatura en términos similares a lo previsto en el primer Acuerdo: retribución fija + retribución variable), en coherencia con la situación económica del país (PIB, IPC, etc.).

Progresivo desarrollo de pagas extraordinarias completas para el personal funcionario y estatutario, y un incremento de la masa salarial del personal laboral en idéntica cuantía, superando paulatinamente el -5/ derivado del RDL 8/2010.

Araque también ha apuntado hacia el desarrollo de nuevos derechos derivados de la realidad actual de las Administraciones Públicas y sus empleados como el desarrollo de la jubilación parcial mediante nombramiento de relevo a los empleados públicos en términos idénticos al resto de trabajadores del Régimen General o mayor obligatoriedad, agilidad y periodicidad en los procesos de promoción, provisión de puestos y movilidad interadministrativa.

También se encuentran en su lista la extensión de la inamovilidad en la condición al personal laboral fijo; Desarrollo y concreción de la digitalización: Recursos, incidencia en el volumen de empleo, en la formación, en la promoción, en el reciclaje profesional, en la selección, en retribuciones, etc., inclusión del permiso por gestación en el artículo 49.

“Es fundamental que Función Pública abra ya la Mesa de Negociación. Los empleados y empleadas públicas desconocen cuáles son sus condiciones de trabajo para este 2025. Queremos un nuevo Acuerdo que nos dé certidumbre, viabilidad y calidad para servir a la ciudadanía en las mejores condiciones”, ha apostillado Araque.