La Consejería de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Ceuta tiene dos propuestas sindicales sobre la mesa como alternativas para reemplazar el premio de jubilación que hasta hace un año percibían los empleados públicos de la Ciudad Autónoma al pasar a ser pensionistas, que oscilaba entre 12.420 euros si lo hacían a los 64 años y se elevaba a 46.575 si dejaban sus puestos a los 60. CCOO propuso ya en diciembre del año pasado crear un Plan Corporativo de Productividad que se ha dotado con 700.000 euros en los Presupuestos de este ejercicio, mientras que UGT y CSIF han elaborado otra propuesta que aboga por crear un Premio de Fidelidad y Permanencia. Ambas partes consideran que sus iniciativas están suficientemente bien fundadas para salvar los reparos legales que tumbaron la antigua recompensa en metálico al dejar el servicio activo o durante el mismo.
A primeros de septiembre del año pasado el interventor alertó en un informe de la apertura de diligencias preliminares en el Tribunal de Cuentas porque se seguían desembolsando esas cantidades. El Gobierno de Juan Vivas decidió entonces dejar “en suspenso” el abono de esos premios contra los que se había pronunciado el Supremo en marzo de 2018 y de 2019 al entender que suponían “una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las administraciones locales que carece de cobertura legal y de justificación”.
El Pleno ha acordado este verano iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los artículos 16.I, 16.II y 25 del vigente Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo por considerarse que son “nulos de pleno derecho en virtud de lo prevenido en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al ser disposiciones administrativas generales que alteran el régimen de retribuciones del personal de la Ciudad”.
La propuesta de CCOO pasa por activar un procedimiento igual para todos los empleados públicos con más de 35 años de trabajo efectivo en la administración local, aplicando al resto la llamada “productividad” de forma “proporcional”.
El sindicato admite que no se pueden establecer cantidades “fijas”, sino aplicar unos “coeficientes correctores” sobre parámetros objetivos que harían diferente la cuantía a percibir por cada beneficiario en función de distintos parámetros.
Otro factor de baremación sería “el expediente personal”, de cada empleado, descontando un porcentaje de la cuantía total a percibir si se hubieran recibido sanciones leves, graves o muy graves (sin tener en cuenta las anuladas por sentencia o resolución judicial).
La propuesta de CCOO es abonar la cantidad resultante “a la finalización de la carrera profesional siempre que se reúnan lo requisitos y en una sola liquidación”.
El Pleno aprobó en la primera modificación del Presupuesto de este año reservar 700.000 euros para dotar una medida de este tipo en favor de quienes se retiren durante el presente ejercicio, aunque alrededor de una decena de trabajadores lo hicieron durante la recta final de 2021, cuando ya se había suspendido el abono del precedente, sin cobrar nada.
UGT y CSIF han hecho llegar a la Consejería otra propuesta que sí incluye ya cantidades a abonar: desde 25.000 euros en el caso de los trabajadores que se jubilen habiendo acumulado servicios efectivos entre 25 y 30 años hasta 70.000 si se sumaran 50 o más.
Para acceder a se “Premio a la Fidelidad o Permanencia” sería requisito inexcusable “no haber sido objeto de sanción penal o disciplinaria grave”.
Se trataría de un abono “único y no acumulable” que se podría solicitar “una sola vez durante la carrera profesional con la Ciudad, en cualquier momento de la vida laboral y hasta seis meses después de producirse el cese en la actividad”.
La propuesta de las dos centrales contempla que los herederos legales de un empleado público también podrían ser beneficiarios de esta recompensa si la solicitasen en su nombre “dentro del plazo máximo de seis meses desde su fallecimiento” si este tuvo lugar en servicio activo sin haberla reclamada.
El Supremo ha concluido que los premios de jubilación como el que hasta hace un año se pagaba en la Ciudad “tienen naturaleza retributiva y no asistencial, es decir, se trata de retribuciones o complementos no previstos en la normativa vigente, ya que estos premios no responden a paliar los efectos de situaciones sobrevenidas, sino que se devengan por el hecho de que se produzca la extinción de la relación funcionarial cuando se alcanza la jubilación”, algo que “supone una alteración del régimen retributivo legalmente previsto”. Por ello se consideran contrarios a Derecho. Según las fuentes consultadas por este periódico, el principio del Tribunal se resume en que “no se puede pagar dos veces por lo mismo”.
UGT-CSIF consideran que su propuesta es viable legalmente porque “a diferencia del anterior, en el que se trataba de premiar la jubilación anticipada”, el objeto que fundamentaría la recompensa que plantean es “la fidelidad y permanencia en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que hasta ahora solo se reconocía con una placa conmemorativa”. CCOO entiende que su planteamiento no tendría inconvenientes en su aplicación porque apela a cuestiones “objetivas” que no se remuneran ya actualmente a los empleados públicos en activo.
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