La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta (ADESCE) ha presentado una alegación al proyecto de Presupuestos de la Ciudad para 2023 con el fin de incluir en tres nuevas partidas de gasto por un montante total de 5,18 millones de euros que sirvan para dotar y poner en marcha un proyecto de Instituto Ceutí para la Innovación en Salud Pública, Salud Laboral e Investigación Sanitaria.
Se encargaría con una plantilla de 60 profesionales ubicados en cuatro edificios del antiguo Hospital Militar de desarrollar desde el ámbito del Estado las competencias que la administración local recibió hace ahora 23 años.
Constituida en 1996 y presidida por el doctor Julián Domínguez, ADESCE considera que la Ciudad Autónoma debe “desarrollar con plenitud” de una vez las competencias que tiene de Salud Pública desde 1999, cuando se materializó su transferencia con fecha 1 de febrero.
Su proyecto, que podría tener la forma jurídica de “empresa pública” o cualquier otra, se enmarcaría en el contexto de la futura creación del Centro Estatal de Salud Pública con el objetivo de “prepararnos para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la derivada de la Covid-19 e incrementar las capacidades de Salud Pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica aprovechando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España”.
Según los promotores, esta iniciativa tendría encaje en el componente 18 de esa estrategia, que versa sobre ‘Renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud’.
“La Ciudad recibió la transferencia efectiva de las funciones y servicios en materia de Salud Pública, pero no ha desarrollado normativamente sus funciones salvo en contadas excepciones como la declaración de enfermedades”, lamenta ADESCE, que recuerda que durante la primera onda epidémica de la enfermedad del coronavirus se produjeron “disfunciones” por “la confusión de las competencias en Salud Pública y asistencia sanitaria, pues el Ingesa sigue ejerciendo numerosas actividades no desarrolladas por la Ciudad como las vacunaciones infantiles, programas de salud poblacionales y de cribado de enfermedades transmisibles o de cáncer...”.
“Es opinión generalizada de expertos que la Salud Pública se ha abandonado durante años y el Instituto podría darle un impulso decisivo al espacio sociosanitario y a la participación comunitaria”, defiende la entidad, que aboga por disponer de una herramienta para “preparar al Sistema ante posibles amenazas sanitarias globales e incrementar las capacidades de Salud Pública y vigilancia epidemiológica, así como asegurar que las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud disponiendo de un sistema sanitario público, universal y excelente, sólidamente cohesionado, proactivo, innovador, inteligente y con perspectiva de género que cuide y promocione su salud a lo largo de toda la vida”.
Como alternativa se baraja “crear una Agencia de Salud Pública” con un Consejo de administración compartido entre el Estado y la Ciudad.
“Se deduce la necesaria gestión efectiva por parte del Estado aunque la competencia resida en la Ciudad a través de una delegación o una comienda de gestión”, consideran los proponentes.
Se estructuraría alrededor de cinco servicios: de Promoción de la Salud Comunitaria (dividido a su vez en tres secciones de Observatorio de la Investigación, de Promoción de la Salud y de Educación Sanitaria), de Epidemiología y Prevención Sanitaria (con secciones de Vacunaciones, de Enfermedades no transmisibles y Cáncer y de Detección Precoz), de Salud Laboral, de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental y de Gestión Económica y de Profesionales.
La forma de provisión de los puestos de dirección y jefatura, así como la ordinaria de personal, lo sería en base a la normativa aplicable en el Ingesa y en el Instituto podría integrarse personal de otras administraciones públicas. Su coste de personal anual total ascendería a 3,1 millones de euros y necesitaría 1,1 para asumir los gastos corrientes y de servicios. A inversiones habría que dedicar 325.000 euros al año. Para remodelar y rehabilitar los edificios del Hospital Militar que se utilizarían haría falta algo más de medio millón, se calcula.
El programa de Salud Pública de la Consejería de Sanidad para 2023 incluye sus programas de prevención, mortalidad y morbilidad por diabetes, toxiinfecciones alimentarias, cáncer o procesos cardiovasculares; el de prevención del ruido; el de salud bucodental de la población infantil; para disminuir las infecciones de transmisión sexual y dar a conocer las enfermedades raras; el de vigilancia entomológica y el de vigilancia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
También contempla un programa de control sobre la calidad del aire, otro de Salud Mental, la ampliación del alcance de la acreditación del Laboratorio de Salud Pública y el de control de nuevas adicciones y combate del consumo de alcohol entre los jóvenes. Su desarrollo incluye la firma de 13 convenios y subvenciones.
El Estado no incluyó el Instituto para la Innovación en Salud Pública en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta aprobado por el Consejo de Ministros a pesar de que ADESCE considera que tanto en ese ámbito como en Atención Primaria, “muy ligadas”, la ciudad está “abandonada” y con graves carencias.
El Instituto recogería “los elementos de prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, el binomio Salud-Trabajo y la innovación e investigación sanitarias en el marco de Ceuta, así como los condicionantes y determinantes del bienestar de una comunidad”.
El Instituto se haría cargo de “elaborar, evaluar y ejecutar los programas de protección y promoción, incluyendo la inspección y control sanitario en las materias comprendidas”; de la intervención epidemiológica en brotes epidémicos y posibles situaciones de riesgo para la salud individual y colectiva; de la política y programas de vacunaciones; y del desarrollo de sistemas de información y estadísticas, entre otras funciones.
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