La comunidad de
propietarios de la Fase II del
polígono del Tarajal ha exigido explicaciones urgentes a la Ciudad de Ceuta después de que se esté prohibiendo el acceso de clientes a las naves de este punto e incluso se les esté multando, tras colocar un control de la
Policía Local que califican de “ilegal” y para cuya ubicación han empleado las vallas antiavalancha que fueron compradas y colocadas por los propietarios de la comunidad en la época de afluencia de porteadores.
Llevan varias semanas aguantando esta situación hasta que han terminado estallando, después de que en la tarde de este viernes se haya prohibido el acceso de clientes en vehículos que acudían a comprar a estas naves, advirtiéndoles de que iban a ser multados, lo que ha llevado al presidente de la comunidad a pedir explicaciones y denunciar los hechos.
“Están multando en una comunidad privada de la Fase II a los clientes que llegan. La Policía les corta el paso en una comunidad privada en donde los propietarios pagamos nuestra comunidad”, protestan. “Esto no pertenece a la Ciudad, se han apropiado del polígono”, añaden, haciendo hincapié en que a ellos se les exigió la adopción de unos planes de seguridad al tratarse de una zona privada en donde ahora se topan con controles policiales que impiden que puedan realizar sus ventas a los clientes que, estando la situación como está, aún se animan a acudir a este lugar.
El control consiste en una señal de prohibido sobre unas vallas antiavalanchas
Los empresarios que mantienen su actividad comercial en esta zona, luchando contra la crisis inicial de la frontera y después del covid, se lamentan por la falta de ayuda que reciben y
acusan directamente a la Ciudad de haber convertido el polígono en “un gran campo de acogida” para inmigrantes, hasta el punto de que los propios titulares de las naves y sus clientes no pueden acceder y por tanto se anula la compra y venta para la que están legitimados. Quieren saber quién ha dado la orden de colocar “este control ilegal” en una zona privada y usando elementos que no son suyos, sino de los empresarios. “En vez de potenciarnos, nos ahogan”, lamentan. “No dejan pasar a nuestros clientes con sus coches porque están estas personas jugando al fútbol”, añaden, en alusión a los inmigrantes acogidos en las distintas naves de la zona, cuya concentración ha llevado a cortar los accesos a este lugar.
“Nosotros estamos pagando la comunidad”, insiste la fase II, que no entiende cómo la escasa venta al por menor que pueden llevar a cabo queda anulada con decisiones de este tipo que no les han sido comunicadas y de las que nadie se hace responsable. No solo se advierte de multas a clientes que acuden al polígono, sino que a los propios empresarios que han querido acceder a sus naves en coches tampoco se les permite la entrada, bajo advertencia de sanción.
Los afectados dicen que el Tarajal se está convirtiendo en un gran campamento
“En vez de potenciarnos nos están ahogando, estamos indignados”, insisten, defendiendo que en este lugar podía facilitarse la generación de talleres industriales u otros sectores económicos pero, al contrario, se está convirtiendo en un campo de acogida para los cientos de inmigrantes que van dejando los asentamientos y yendo a este lugar.
Los clientes que quieren llegar a estas naves con sus vehículos se meten en un callejón sorpresa porque se topan con una prohibición que no conocen y se exponen a multas, ya que el control con una señal de prohibición encima de unas vallas termina siendo surrealista. Los empresarios denuncian que con actos de este tipo están terminando de matar el polígono, impidiendo mantenerse con la venta al por menor que estaban explotando.
Con la entrada masiva de marroquíes el pasado mayo y la no determinación de ceder espacios de la red del Estado para su acogida, la Ciudad tuvo que echar mano primero de una nave en el Tarajal para, después, ir ocupando poco a poco más, trasladando a familias enteras que vivían en asentamientos y manteniendo todavía a menores. Fueron unos 3.000 los que se han quedado en la ciudad. Esta decisión ha terminado por transformar lo que hace poco más de un año era un conglomerado de naves en una especie de campamento alternativo.
La comunidad de propietarios espera una respuesta inmediata por parte de la Ciudad ante lo que está pasando.