Opinión

La propaganda ministerial

La relación entre la política y la educación ha sido, y sigue siendo, objeto de una fuerte polémica social. Entre muy amplios sectores de la población, incluyendo muchos docentes, se insiste en la necesidad de desvincular una cosa de la otra. Se arguye para ello que deben ser los técnicos quienes, por su mejor conocimiento de la materia, deben tomar las decisiones. Y se suelen apoyar (a modo de prueba irrefutable) en el hipotético caos que supone la aprobación de hasta nueve leyes educativas en los últimos treinta años. Cada alteración de la correlación de fuerzas en el parlamento, conlleva un cambio normativo, lo que sólo conduce a la inestabilidad, el desconcierto y, en consecuencia, a un progresivo deterioro del sistema que termina generando frustración y hartazgo en los agentes educativos. Para resolver este grave problema, lo ideal, según quienes así piensan, es aislar a la educación del debate político mediante la suscripción de un “pacto de estado” que proporcione la necesaria estabilidad para trabajar con tranquilidad. Sin embargo, este posicionamiento, aparentemente cargado de razón, está sustentado en una confusión conceptual. No se debe confundir el debate político con la propaganda política.
El diseño de un sistema educativo es una decisión de naturaleza estrictamente política cuya deliberación debe sustanciarse, de manera preeminente, en este ámbito. No olvidemos que la escuela es el instrumento más poderoso que existe para orientar ideologías, valores colectivos, principios éticos, formas de vida y, en definitiva, para definir el modelo de sociedad en que queremos vivir. Podríamos decir, sin temor a exagerar, que el modo en que se educa es la decisión política de mayor calado de cuantas se puedan adoptar. Porque de ella derivan todas las demás. Sería absurdo sustraer al conjunto de la sociedad el derecho democrático a decidir cómo quiere formar a sus integrantes. Habría que promover justo lo contrario. Sería extraordinariamente positivo que existiera un debate político abierto, permanente y lo más participativo posible, sobre el modelo educativo que queremos, desarrollado de manera ordenada, rigurosa, reflexiva y sosegada.

"De lo que no existe la menor duda es de que el acoso escolar está más que presente y causando estragos entre la juventud. El MEFP, en lugar de atrincherarse en propagando falsa, que la exime de toda responsabilidad, debería ocuparse de sumar voluntades y aplicarse en la implantación de medidas para combatir este fenómeno"

Lo que sucede es que con excesiva frecuencia se identifica el debate político con la propaganda política que genera el mercado electoral. Y esto ya es otra cuestión. No hay nada más nocivo para la educación que convertirla en mercancía electoral. Las campañas electorales (que en España es continua) no pretenden trasladar ideas ni convencer a la sociedad de su idoneidad, sino que son un indecente ejercicio de seducción basado, sobre todo, en la mentira. De este torbellino de manipulación interesada es imposible que la educación salga ilesa. En las escuelas se dan cita, diariamente, una infinidad de problemas de muy diversa índole, sumamente complejos y heterogéneos, interrelacionados y vertiginosamente cambiantes. Para mejorar el sistema educativo es necesario detectarlos de la manera más eficaz posible, diagnosticarlos con precisión, informar de ellos con objetividad, proponer alternativas con inteligencia y evaluar resultados con honestidad. Todo ello desde la convicción de que en esta ciencia no existen axiomas, ni infalibilidad alguna. Pero todo esto es radicalmente incompatible con una campaña electoral. Para los partidos que gobiernan todo funciona con la perfección de la maquinaria de un reloj; y los “pequeños” problemas que puedan existir ya están en “vías de solución”. Lógicamente, gracias a la pericia de nuestros insignes gobernantes. Si atendemos a los partidos políticos que practican la noble tarea de la oposición, la realidad es totalmente opuesta; cuanto ocurre en las aulas es execrable y conduce inexorablemente al abismo, como consecuencia del atajo de indocumentados y/o malvados que nos gobiernan. Este es un “jueguecito” más o menos entretenido (cada cual lo interpreta a su modo) al que ya estamos acostumbrados; pero que en el caso de la educación no resulta inocuo, porque priva al cuerpo social en general, y a los docentes en particular, de una información veraz muy necesaria para intentar hacer las cosas mejor. El Ministerio debería ser riguroso y no funcionar como un dispositivo de propaganda de las personas (o partidos) que transitoriamente (esta palabra subrayada) tienen la responsabilidad de dirigir, ni más ni menos, que el proceso formativo de millones de personas. Mientras se empeñen en chapotear torpemente en el patético mercado electoral persiguiendo sus propios intereses, estaremos condenados a enquistar y fosilizar los problemas educativos.
Ilustraremos esta argumentación con un ejemplo muy reciente. Hace apenas unos días, hemos podido leer en los medios de comunicación de nuestra Ciudad el siguiente titular: “En Ceuta, el Ministerio de Educación y Formación Profesional informa que no se ha dado ningún caso de acoso escolar durante los últimos cuatro años”. El periodo señalado coincide (no sabemos si casualmente) con el que lleva el actual gobierno. Cualquier persona que lea esta noticia, y confíe en la “seriedad” de todo un Ministerio, celebrará lo que se trata, sin la menor duda, de un éxito portentoso. Un problema de enorme magnitud que preocupa a toda la sociedad en su conjunto, que se encuentra en una fase expansiva, y cuya solución aún ni siquiera se vislumbra, ha sido ya resuelto brillantemente en nuestra Ciudad (se supone que gracias a la genialidad del equipo ministerial que nos gobierna). Y ciertamente, resulta deslumbrante que, entre una población de más siete mil adolescentes, y más de ocho mil niños y niñas, durante cuatro años, no se haya producido ni un solo caso de acoso escolar. Lo que sucede es que, evidentemente, esto no es verdad. Es una sobredosis de propaganda que produce el efecto contrario, al menos entre las personas sensatas. Porque de ninguna de las explicaciones posibles sale el Ministerio bien parado. O bien simplemente ha mentido deliberadamente (no creemos); o bien los mecanismos de detección y corrección de estas conductas son tan rematadamente malos e ineficaces que no se enteran de nada de lo que ocurre en las aulas, los recreo, los pasillos o los aledaños de los centros. Tanto una cosa como la otra son merecedoras de una dura reprobación. Porque de lo que no existe la menor duda, es de que el acoso escolar está más que presente y causando estragos entra la juventud. El MEFP, en lugar de atrincherarse en propaganda falsa (sólo indicada para incautos o ingénuos), que la exime de toda responsabilidad, debería ocuparse de sumar voluntades y aplicarse en la implantación de medidas para combatir un fenómeno de extrema gravedad.

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