CCOO lamenta que el Gobierno de la Ciudad, ante una crisis económica de enorme profundidad como la que azota a Ceuta en estos momentos, haya elegido el irresponsable camino de la propaganda (hueca) y el folklore doméstico; en lugar de tejer un consenso ciudadano sólido, desde el diálogo social, y sobre la base de planteamientos realistas y rigurosos que se puedan reivindicar ante las instituciones del Estado (en especial Cortes Generales y Gobierno de la Nación) sin provocar vergüenza ajena. Este documento carece por completo de recorrido. Ni siquiera cruzará el Estrecho.
El texto elaborado en exclusiva por el Gobierno (al que se han añadido pequeños retoques intrascendentes para aparentar una participación realmente inexistente) es una impúdica relación de peticiones, a modo de desiderátum, cuya auténtica intención es, por un lado, legitimar socialmente su política anclada en una visión retrógrada de la Ciudad, y por otra parte enviar el mensaje a la ciudadanía de que el "Gobierno está volcado en solucionar los problemas de Ceuta"; cuando todos somos perfectamente conscientes de que su gestión en el ámbito económico y de lucha contra el paro es, desde hace años, no sólo nula, sino contraproducente.
Los motivos fundamentales por los que CCOO rechaza con rotundidad este documento los podemos resumir de este modo:
El documento diseña "una Ciudad libre de impuestos y repleta de subvenciones". Convertir Ceuta en un paraíso fiscal disimulado, desplazando toda la carga tributaria hacia el conjunto de los españoles (a través de multimillonarias subvenciones) es un planteamiento absolutamente insolidario; fuera del contexto social y económico actual de nuestro país; y claramente alejado de las directrices de la Unión Europea. Ceuta debe aspirar a algo más que ser una "colonia 2.0".
El intento de "aislar Ceuta de Marruecos" mediante la revisión de la excepcionalidad del tratado se Schengen, supone reforzar las tesis anexionistas de Marruecos, que lleva tiempo trabajando en este aislamiento (con notable éxito, por cierto). Debemos luchar precisamente por lo contrario, por potenciar unas relaciones económicas abiertas y fluidas entre ambos países desde el más escrupuloso respeto a la incuestionable españolidad de Ceuta. Para ello, la integración en la Unión Aduanera, y la consiguiente implantación de la aduana comercial; deben ser concebidos como objetivos indispensables. Ambas cosas son orilladas en el documento remitiendo la integración en la Unión Aduanera (después de haberlo aprobado por unanimidad en el Congreso hace una década) a un "nuevo" estudio de esos que nunca se hacen.
Las reiteradas apelaciones a la "inmigración ilegal" como problema económico de Ceuta son indecentes. La inmigración en una Ciudad fronteriza es, sin duda, una cuestión de interés permanente y una prioridad política; pero que no guarda relación alguna con el diseño de un nuevo modelo económico. Incluir una serie de desvaríos disfrazados de soluciones al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados (en la actualidad menos de cuatrocientos chavales) como una prioridad urgente, solo persigue la finalidad de dar satisfacción a los sectores de opinión situados en la extrema derecha, racista y xenófoba. Este documento no es presentable ante nadie que encuadre su política en el respeto a los derechos humamos, y en concreto, a los derechos del menor.
El racismo subyacente en todo el texto es sencillamente repugnante e intolerable. De manera sibilina se pretende culpabilizar a los musulmanes de todos los problemas de Ceuta (los transfronterizos nos quitan el trabajo, los menores nos amargan la vida, los irregulares consumen injustamente nuestros fondos públicos...). Basta con establecer en el subconsciente de la ciudadanía, de una manera sutilmente intangible, una identificación entre todos los musulmanes, ya sean autóctonos o foráneos, para dejar prendida una mecha de recorrido incierto e inquietante. Incluir como una de las medidas la modificación legislativa para endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad española, además de un irrisorio esperpento, es una prueba irrefutable de tan insana intención.
El Gobierno de la Ciudad no asume ningún compromiso. Una vez escrutada la interminable lista de peticiones, se comprueba que no hay ninguna dirigida al Gobierno de la Ciudad que, en consecuencia, queda "liberado" de exigencias y podrá seguirá utilizando los trescientos millones de euros anuales que gestiona tal y como lo ha hecho hasta ahora, es decir, sin prestar la más mínima atención a la prolongada crisis económica que padecemos.
No existe en todo el documento ni una leve referencia a un elemento esencial para el futuro como es la implantación de una red de protección social, que permita paliar los dramáticos efectos de una desmedida pobreza que amenaza la cohesión social y lastra las posibilidades de una desarrollo ordenado y armónico. No existe ni una sola medida para proteger y mejorar las condiciones laborales del cada vez más extenso "precariado" en nuestra Ciudad. Los trabajadores del sector privado son cada vez más pobres y vulnerables ante la pasividad de todas las administraciones.
No se hace la menor alusión a un obligado cambio del marco político y legislativo en que se debe inscribir un plan de futuro. Ceuta no puede seguir siendo una "extravagancia administrativa" (al margen de la propia Constitución) en la que la aplicación de las leyes es siempre insegura e incierta, cuando no arbitraria.
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