Los 22 años de promesas para un edificio judicial fantasma

A finales de los años 90 se fraguó la operación de expropiación del antiguo Cine África a sus legítimos dueños con la excusa de la necesaria construcción de un Palacio de Justicia en Ceuta dado el estado en que se encontraba el actual y la búsqueda de una sede común que evitara desplazamientos innecesarios.

Diez años después se aprobó su derribo sin que se cumpliera con el fin anunciado, dejando de hecho el solar abandonado.

Hubo que esperar al año 2011 para la segunda de las grandes promesas con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia: el nuevo Palacio se construiría en los terrenos del Brull. En aquel encuentro en Madrid con el presidente Juan Vivas y quien fuera diputado en el Congreso, Francisco Márquez, el ministro expresó “su firme voluntad” de implantar allí las dependencias judiciales.

La historia ha demostrado que ni los primeros ni estos segundos anuncios se transformaron en realidad, más bien dieron forma a unos renglones torcidos de una crónica nunca terminada.

Así, mientras la clase judicial alzaba su voz y sindicatos como CCOO-Justicia denunciaban la gran estafa que estaban sufriendo, Ceuta seguía sin tener la obra tan reclamada como necesaria para empezar a poner orden en los distintos juzgados repartidos por la ciudad.

La idea de una construcción se desechó cuando la Delegación del Gobierno, con Francisco Antonio González al frente, apostó por trasladar al Ministerio el aprovechamiento del edificio que en su día albergó el Banco de España como nueva sede, iniciándose una reforma que contó con el visto bueno de todos pero, principalmente, del colectivo judicial.

Aquí comenzaría el culebrón de los plazos que aún no ha terminado. El último anuncio oficial hecho por el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, fijaba para septiembre de 2021 la inauguración de esta sede. Un año después, no solo no ha habido cambios sino que imperan los ocultismos.

El antiguo Cine África fue expropiado porque se iban a construir los juzgados

Hace unos días la Gerencia Territorial realizó una visita al que será el nuevo Palacio de Justicia sin que hasta la fecha se sepa algo de esos resultados. Ni siquiera se informa a los representantes de los trabajadores ni se da una explicación a la prensa de por qué aún no se ha ejecutado el traslado que tiene mayor urgencia: el de lo Social y Contencioso, habiendo como hay informes de riesgos laborales que instan a una salida pronta de los que allí trabajan.

El último informe emitido por la Inspección de Trabajo aludía a que la única alternativa posible era salir del edificio por los fallos estructurales que presenta. Humedades, malos olores y un grave problema para conciliar la vida laboral con el respeto a los riesgos laborales se concentran allí.

Nada se sabe sobre el final de la obra ni tampoco sobre posibles problemas surgidos con actuaciones que no han cumplido recomendaciones de instancias como la del Defensor del Pueblo lo que llevaría a tener que realizar más reformas.

Más de 22 años de promesas dicen mucho del interés real que tiene un Ministerio en que Ceuta ocupe el lugar que le corresponde disponiendo de instalaciones dignas para desarrollar su trabajo.

El cajón de sastre en que se ha convertido el Palacio de Justicia actual, convertido en una especie de ratonera en donde se parchean constantemente intervenciones de urgencia, demuestra la falta de prioridad del territorio Ceuta en los planes por dotar de proyectos dignos al ámbito judicial. En la hemeroteca reciente constan cuantiosas quejas, concentraciones y protestas para dignificar este trabajo. Constan en la misma cantidad que las promesas hechas por las distintas autoridades y gobiernos que nunca se cumplieron pero que llevaron a organizar reuniones, visitas, encuentros y proyectos que quedaron sin la pronta solución debida.

La agenda judicial ya anunciada no prevé cambios ni traslados inmediatos a lo que ya, sin haberse inaugurado, nace viciado.