La Sociedad de Desarrollo Procesa ha abortado la adjudicación por algo más de 36.000 euros de la impartición de un curso de formación de tripulación como operadores de buques de pasajeros en barcos que operan en el Estrecho de Gibraltar dirigido a parados residentes en Ceuta.
La Ciudad ha descubierto a última hora y gracias a la Capitanía Marítima que la única licitadora, la ProCeuta Formación, “no es una empresa homologada por la Dirección General de Marina Mercante para impartir cursos de formación marítima profesional”.
Además ha alertado de que tampoco puede, como pretendía, “utilizar la homologación de ningún otro centro”, en su caso de Academia de Formación del Mediterráneo.
“En el intento de esclarecer la situación generada sin que se haya presentado homologación alguna por parte de la empresa y dado que la financiación del contrato de los servicios estaba prevista con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) Ceuta 2014-2020, cuyo plazo de ejecución terminaba el 31 de diciembre de 2023, se puede deducir que el programa se ha quedado sin financiación”, ha concluido Procesa.
La sociedad municipal sacó a concurso este proyecto de formación de desempleados a mediados de junio con el propósito de “aumentar la bolsa de personal cualificado en Ceuta que pueda atender a las necesidades de recursos humanos de los operadores que están en la ciudad”. Las interesadas debían comprometerse, entre otras cosas, a que un tercio del alumnado fuese contratado durante al menos medio año.
ProCeuta fue la única que concurrió, aunque desde el principio se apreció que solo tres de los cinco profesores propuestos cumplían con todos los requerimientos. En septiembre se la propuso como adjudicataria al Órgano de Contratación con salvedades que no ha podido superar como la acreditación de su homologación ni por la vía de la subcontratación del contrato.
La candidata es la matriz de ProEqualdad, a la que el Gobierno de la Ciudad también se negó durante la tramitación de los Presupuestos de 2024 a dar la subvención de 360.000 euros que había avalado el PSOE. Su proyecto proponía dedicar un tercio de ese dinero público a publicidad en medios de comunicación digitales y redes sociales para buscar en ese ámbito a personas mayores con el objetivo de después instruirlas precisamente en el uso de Internet.
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