La Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha rechazado esta semana, como ya había hecho el titular del
Juzgado de Instrucción número 3 que lleva la causa contra Javier Guerrero como investigado por presuntos
abusos sexuales de menores,
la puesta en libertad del exconsejero, que permanece
en prisión desde el pasado 13 de enero.
En contra de los recursos presentados por su defensa para conseguir su excarcelación no solamente han pesado las pruebas recabadas durante meses por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Ceuta, sino también el proceder y algunas decisiones del propio doctor durante las últimas semanas y meses.
La Sala que ha visto el escrito de apelación se ha regido por el principio que establece que en este tipo de casos ante la duda el tribunal debe inclinarse por la libertad del encartado una vez analizado si hay o no indicios de criminalidad suficientes y riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, de reiteración delictiva o de entorpecer el proceso.
Según las distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, a la Audiencia no solo le ha parecido firme la instrucción realizada por la Benemérita, sino que tampoco ha apreciado variación sustancial alguna en la situación de Guerrero entre el primer auto de prisión provisional (contra el que la representación legal del líder de
Ceuta Avanza decidió desistir de recurrir en apelación) y ahora.
Que el médico solicitase su jubilación con efecto retroactivo al día de su arresto, el 11 de marzo, no ha ayudado en nada a su defensa a consolidar su alegato sobre su arraigo en Ceuta
En cuanto al riesgo de fuga, que el médico solicitase su jubilación con efecto retroactivo al día de su arresto, el 11 de marzo, no ha ayudado en nada a su defensa a consolidar su alegato sobre su arraigo en Ceuta, menos cuando ya sin obligaciones laborales tiene una posición económica desahogada y se puede enfrentar a muchos años de cárcel en una vista oral con delitos sensibles como los que se le atribuyen.
Que únicamente plantease una fianza de 15.000 euros no ha sido igualmente un apoyo firme para su puesta en libertad provisional, como el hecho de que incluso cuando ya habían aparecido informaciones sobre sus supuestos comportamientos impropios no alterase de forma radical su patrón de conducta.
Para desmontar el peligro de reiteración delictiva no ha jugado a su favor ni los contactos con posibles víctimas que alargó incluso cuando estas ya estaban fuera de Ceuta ni la pieza separada que le tiene también como investigado por planear cómo urdir una paliza a personal que trabaja en
Menores.
Menos todavía le han ayudado los movimientos que constan en el sumario supuestamente dirigidos a ocultar pruebas o intentar influir sobre posibles víctimas o testigos.