El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha rechazado que exista un problema de hacinamiento que obligue a excarcelaciones para evitar la propagación del Covid-19, como piden partidos independentistas y también el socio del Gobierno, Unidas Podemos. En este sentido, ha reconocido que empiezan a multiplicarse los rebrotes y que "no es descartable" volver a un escenario que obligue a aislar las prisiones, como ocurrió en marzo al decretarse el estado de alarma.
"No se puede descartar nada, pero también es verdad que antes de llegar al confinamiento total que se tuvo hace unos meses existen otra serie de medidas que se pueden tomar y que estamos ya adoptando para evitar precisamente la restricción masiva de derechos", ha señalado Ángel Luis Ortiz en una entrevista a Europa Press.
El máximo responsable de las prisiones españolas se muestra cauto sobre la evolución de la epidemia ante el goteo de rebrotes. Al comienzo de la semana se centraba en tres prisiones: Zuera (Zaragoza), Ocaña (Toledo) y Palma de Mallorca, con un total de seis positivos en Covid-19 entre los internos. "Las prisiones son un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad libre, empieza a haber rebrotes", ha reconocido.
"Lo más importante para nosotros es que no nos podemos confiar, hasta ahora hemos hecho una gestión con mucha cautela y con mucha prudencia, y esa línea de trabajo es la que tenemos que seguir a partir de ahora adaptándonos a cada territorio, a cada prisión", ha añadido Ortiz, que ha recordado que en la primera oleada el aislamiento casi total de las prisiones --con la suspensión de permisos y comunicaciones-- permitió que la afectación fuera cuatro veces menor que en el resto de la sociedad.
Como ejemplo de la buena actuación señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a España la remisión de todas las medidas y protocolos adoptados, "por considerar que la pandemia en las prisiones se ha gestionado de manera correcta".
"Con la experiencia que hemos tenido en los últimos cuatro meses esperamos también saber abordar estos rebrotes aplicando la dosis justa de restricción de derechos, no más porque ya partimos de una situación especial que es la privación de libertad dentro de la prisión", ha indicado.
Ángel Luis Ortiz ha reconocido que reciben en la Secretaría General dependiente del Ministerio del Interior opiniones tanto para ser más restrictivos como para justo lo contrario, ser "más abiertos" facilitando las excarcelaciones en la medida de lo posible para evitar el contagio dentro de las cárceles. "En el punto medio entendemos que está la virtud", ha sostenido.
"La situación en las prisiones de España es diferente a la de otros muchos países. En España, afortunadamente, en estos momentos no tenemos ningún problema de hacinamiento", ha señalado, remitiéndose a los datos: el número de personas en prisión (unos 48.000 internos) ha descendido un seis por ciento en el último año.
"Tenemos una situación ideal para disponer de espacios libres en donde podemos aplicar aislamiento de manera eficaz", enfatiza, remitiéndose a las medidas aplicadas durante la pandemia en la que se habilitaron módulos específicos para que los presos con síntomas o que tenían permisos quedaran aislados del resto de forma preventiva.
Ortiz también recuerda la política penitenciaria ya aplicada para los terceros grados que terminan de cumplir condena en régimen de semilibertad en un Centro de Inserción Social (CIS) con control telemático, de forma que pueden dormir en sus domicilios. A día de hoy, según sus datos, en el régimen de control telemático existen 5.336 internos y otros 1.800 terceros grados están residiendo en los CIS.
"La suma total, más de 7.000 presos, supone un 19,40 por ciento de personas que, estando en prisión, están en un régimen de semilibertad. Sin lugar a dudas ha ayudado a la gestión de la pandemia. Es la línea a la que queremos ir, incluso antes de llegar a la pandemia ya apostamos por el tercer grado. Cuando este equipo llegó a asumir esta responsabilidad, los terceros grados apenas llegaban al 16% y hoy hablamos de un 19,4%", ha señalado.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha dado las gracias por el "buen trabajo" realizado por parte de los funcionarios de prisiones durante la crisis sanitaria, subrayando que siguen "atentos" para que no se produzcan más bajas entre los trabajadores, con cuatro víctimas por Covid-19 y casi 270 afectados al tener síntomas o haber quedado en observación de forma preventiva.
Ortiz ha recordado que la pandemia ha modificado el calendario legislativo aunque su intención es que en el próximo periodo de sesiones se lleve al Parlamentario la propuesta para calificar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. "Ahí se ha añadido otro hecho importante", ha señalado, "el derecho de ser indemnizados cuando reciban una agresión de manera rápida, sin tener que esperar a los procedimientos contencioso-administrativos".
"Estuvo a punto de ser aprobado en una de las legislaturas anteriores y yo confío que esto, que es unánime y que todos los partidos políticos están de acuerdo, pueda salir cuanto antes de manera urgente", ha añadido.
También se remite a los grupos de trabajo ya creados con sindicatos para aprobar una nueva Ley de Cuerpos que "actualice las condiciones laborales de un sistema penitenciario moderno". "Yo confío que en el próximo periodo de sesiones pueda estar en el Parlamento una ley que regule las condiciones de trabajo, y se incluirá todo: desde la carrera profesional a las clasificaciones de centros penitenciarios, porque en función del centro --heredado de la lucha contra ETA-- se tiene un salario u otro distinto".
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