La autoridad judicial ha ordenado hoy el ingreso en prisión preventiva del vecino de Ceuta detenido este sábado por la
Guardia Civil cuando entraba por el Tarajal con dos inmigrantes a bordo de una moto de agua. Tal y como han confirmado fuentes judiciales a El Faro, se le acusa de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, atentado y lesiones, después de haber chocado contra la goma del Instituto Armado. Este lunes el detenido ha sido puesto a disposición judicial para declarar sobre los hechos, acudiendo al lugar también los
inmigrantes que resultaron lesionados y que pagaron por conseguir ese cruce irregular que terminó siendo tan temerario. El piloto, al que le consta una detención previa de hace unas semanas por
su presunta relación con unos disparos ocurridos en Benzú, se hizo con una moto de agua que ya ha sido denunciada como robada en el puerto deportivo e intentó en dos ocasiones introducir a los inmigrantes. La Guardia Civil, que estaba destacada en el espigón del Tarajal y sus inmediaciones, intentó evitar la entrada produciéndose después el incidente que pudo haber causado una auténtica tragedia.
Se tuvo que requerir la presencia de ambulancias del 061 para reconocer a los tres ocupantes-piloto e
inmigrantes- dada la brutalidad del impacto. De momento permanecerá en la cárcel de Mendizábal a la espera de juicio enfrentándose a un rosario de penas por la cantidad de delitos cometidos. La AEGC ha pedido más medios para hacer frente a la situación de inseguridad que genera este tráfico mediante el empleo de motos de agua cuyos pilotos no se detienen ante nada. Prácticamente a diario se están produciendo intentos de entradas irregulares bordeando los espigones que separan Ceuta de Marruecos, muchos marcados por una violencia extrema hasta el punto de poner en riesgo no solo a los propios inmigrantes y guardias civiles sino también a los bañistas o buceadores que hay en las playas. En muchos de los casos se consiguen detenciones de los pasadores, que hacen gala de una violencia extrema, lo que ha movido a la Asociación Española de la Guardia Civil a reclamar que se les hagan pruebas por si han consumido estupefacientes.