Se enfrenta a 3 años de prisión por atentado a la Guardia Civil en el Tarajal

El Ministerio Fiscal pidió este martes 3 años de prisión para el marroquí Chakir K., acusado de un delito de atentado contra agentes de la Guardia Civil de Ceuta destinados en la frontera del Tarajal en el que habría incurrido el pasado mes de mayo. A juicio del Ministerio Público la actitud mostrada aquel día reúne todos los requisitos para ser encuadrada en este delito ya que además de negarse a la identificación, provocó a los agentes y adoptó una conducta insultante.

Para la Defensa del acusado (que lleva 10 años residiendo en España, ha montado una empresa y está en trámites de conseguir la nacionalidad) rozaría, si cabe, en una falta de educación o en una defensa vehemente de sus derechos contraria a una actitud “de borreguismo” ante los guardias civiles que le interpusieron dos denuncias. Pidió por ello a la titular del Juzgado de lo Penal número 1 la absolución de su patrocinado atendiendo además a sus circunstancias personales, ya que una condena, y más por atentado, echaría al traste su esperanza de obtención de la nacionalidad por residencia.

¿Y qué es lo que ocurrió el pasado 4 de mayo para que Chakir K. terminara detenido por la Guardia Civil y acusado de atentado? A juicio del propio acusado nada hizo que fuera delictivo, más allá de reconocer que había cruzado indebidamente por una zona de la frontera. Negó haber arrojado una de las denuncias recibidas contra los guardias o haberles provocado; al contrario, declaró que uno de los agentes, el sargento, le había golpeado en la cara. ¿Por qué le habría agredido?, se le preguntó. A lo que el acusado no supo más que contestar que quizá lo habría hecho por tener “prejuicios racistas” o no gustarle sus quejas ante lo que consideraba una extralimitación de los guardias civiles hacia su persona. “Yo solo exigía mis derechos”.

La otra versión la narraron tres guardias civiles llamados a declarar, uno de ellos el propio sargento. Hubo algunas contradicciones en el relato pero coincidieron todos en la esencia: que el acusado había alterado el orden público en una frontera que estaba soportando ese día una aglomeración de vehículos y porteadores definitoria de la presión del ‘paso del infierno’, como ha terminado considerándose.

El sargento negó haber golpeado al acusado, describiendo su actitud como la de una persona que “no paraba de insultar” y de “provocar”, llegando a sospechar, como así luego se verificaría, “que nos estaba grabando”, ya que no encontraban explicación a su comportamiento. Tampoco lo dieron a las frases que, según los agentes, tuvieron que escuchar y aguantar del acusado. Frases como las de “tengo dinero de sobra para reírme de ti” o que “se había follado a todas las mujeres que había querido, incluida a tu madre”, en referencia a la progenitora del agente. Y hubo más, como la de “vosotros tenéis que campar a mis anchas” o “pago mis impuestos para que estéis a mi disposición y estoy harto de gente improductiva como vosotros”, además de alardear del dinero que poseía incluso para “pagar a la justicia”.

La discrepancia entre acusado y agentes radica en que el primero asegura que se le golpeó, mientras que los efectivos del Instituto Armado lo negaron, justificando su actuación como la adecuada a una intervención que terminó con dos denuncias y con, según los agentes, el lanzamiento de una de ellas, hecha ya una bola de papel, contra el mando como guinda del despropósito. El juicio quedó visto para sentencia.