La Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras ha condenado a Pedro Samuel Maza, armador del pesquero ‘Rúa Mar’ en el que seis personas murieron cuando intentaban alijar hachís frente a la costa marroquí, a 22 años y 2 meses de prisión. Un contrabando de drogas contra el que se lucha en Ceuta.
A este se le atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tentativa de estafa, blanqueo de capitales y seis delitos de homicidio imprudente.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal ha tenido en cuenta como atenuante la dilatación en el tiempo del procedimiento judicial desde que se produjeron los hechos, mientras que sí se han admitido como válidas las pruebas realizadas de escuchas telefónicas o de geolocalización.
En concreto, Pedro Samuel Maza ha sido condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel y dos multas de 3.353 euros por el delito contra la salud pública; a un año y dos meses por pertenencia a grupo criminal, a doce años por seis delitos de homicidio imprudente; cuatro meses por estafa en tentativa; y a tres años y cuatro meses de prisión y multa de 180.000 euros por el delito de blanqueo. Ha sido absuelto del delito contra los derechos de los trabajadores.
A su vez, ha sido condenado a indemnizar a los familiares de los marineros muertos con cuantías que superan el millón de euros.
Sentencias para los colaboradores
La pareja sentimental del armador ha sido condenada a tres años y cuatro meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales, mientras que el resto de los acusados superan la condena de cinco años de prisión por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Así, dos de los colaboradores de Maza, Antonio Manuel Noria y Manuel Brajones, han sido condenados a cinco años y cuatro meses de prisión y dos multas de 3.353 euros por el delito contra la salud pública; y a ocho meses por pertenencia a grupo criminal. Por su parte, José Joaquín Heredia ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito contra la salud pública.
El sexto de los investigados, Jesús Heredia, no figura en la sentencia, ya que no ha podido juzgarse al encontrarse fugado de la justicia y en situación de busca y captura.
La sentencia considera probado que los investigados venían dedicándose desde 2019 a cargar hachís en barcos pesqueros en el Estrecho, para lo cual practicaban dobles fondos en las embarcaciones y aprovechaban que eludían las sospechas policiales por su licencia de pesca.
El auto considera a Pedro Samuel Maza como la persona que “dirigía” la trama y “controlaba las operaciones”, acordando los alijos con el patrón y los marineros, que eran conocedores de la actividad.
Investigaciones de la Policía
En octubre de 2019, las investigaciones dirigidas desde la Udyco Central de la Policía Nacional a instancias de la Audiencia Nacional conducen a la intervención de una tonelada de hachís en uno de los pesqueros de Maza, el ‘Felipe y Maruja’. Entonces se detuvo al patrón de la embarcación, pero ya se tuvo conocimiento de la participación necesaria de los investigados.
Entre finales de 2019 y principios de 2020, los investigados siguieron con su actividad ilícita, y fue entonces cuando se tuvo conocimiento de que el 22 de enero de 2020 iban a realizar otra operación con un nuevo pesquero, el ‘Rúa Mar’.
Esa madrugada, los seis tripulantes del pesquero terminarían perdiendo la vida al hundirse cuando trataban de alijar el hachís. Pedro Samuel Maza recibió la llamada del patrón, tío suyo, alertándole de que se había roto el embrague de la embarcación.
Sin embargo, el armador no acudió en su auxilio ni notificó la avería a efectivos de emergencias. Incluso, tras recibir una llamada de Salvamento Marítimo, negó haber tenido contacto con la embarcación.
Por estos hechos, ha sido condenado a doce años de prisión, dos por cada una de las personas que murieron en el 'Rúa Mar'. La gran diferencia entre la sentencia y los más de cien años de prisión que solicitaba el Ministerio Fiscal se explican en que el auto ha considerado que se trató de homicidio imprudente, y no doloso, como reclamaba la Fiscalía.
