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Tres años de prisión por llevar a 15 inmigrantes hacinados en una embarcación

El acusado ha aceptado este martes la pena tras reconocer ante el tribunal de la Audiencia su implicación en los hechos

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado al piloto de una embarcación que en octubre de 2018 intentó sacar a 15 marroquíes desde la playa de Santa Catalina hacia la Península, al objeto de introducirlos de manera clandestina al otro lado del Estrecho. En la mañana de este martes ha tenido lugar un acuerdo entre Defensa y Ministerio Fiscal, que se ha materializado en una condena de 3 años de prisión aceptada por las partes y asumida por el acusado, que desde el día de los hechos estaba en prisión provisional.

Al no concurrir los requisitos que podrían conllevar la suspensión de la pena, el tribunal ha acordado en una sentencia in voce que no cabe la misma. Los hechos a los que hace referencia esta sentencia tuvieron lugar el 1 de octubre de 2018, a las 8.50 horas a 4 millas de Punta Almina. Fue allí donde el Servicio Marítimo de la Guardia Civil abordó la embarcación que había salido desde Santa Catalina y que, teniendo capacidad para acoger a no más de 7 personas, estaba cargada con hasta 15.

El tribunal de la Audiencia ha considerado en la lectura de su sentencia que existió riesgo para la integridad de los inmigrantes, todos de origen marroquí, quienes además de iniciar navegación hacinados en la embarcación, carecían de cualquier medio para proteger su vida, con lo que la estaban poniendo en serio riesgo.

La embarcación usada, propiedad de otra persona

El llamado M.E.H., que ha sido conducido por la Policía Nacional a la sala donde ha tenido lugar la conformidad, ha asumido su implicación en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de reconocer todos y cada uno de los cargos leídos en Sala.

La embarcación que pilotaba no era de su propiedad, sino de un tercero llamado A.A. que había denunciado su robo. Ni Fiscalía ni la Defensa se han opuesto a que la misma pueda ser entregada a su legítimo propietario que la había reclamado. El condenado, tras escuchar la pena de 3 años, vuelve a la prisión de Mendizábal para continuar los dos años de cumplimiento privativo de libertad que le quedan.

 

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