La presentación de una moción del PSOE, defendida por Manuel Hernández, para que se constituya una comisión que estudie la revisión de todas las ordenanzas que tiene la Ciudad Autónoma sirvió para un enfrentamiento verbal entre Susana Román y el mismo proponente en relación con la decisión del consejero de Fomento para externalizar en una consultoría la revisión de todos esos textos que son competencia del área.
Román indicó que en el caso de la idea proyectada por el consejero de Fomento había que tener en cuenta que para el mes de octubre entra en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo y que, por tanto, se iba a tender a que no haya circulación de papel en las administraciones públicas y que todos los envíos se hagan por Internet “y ello conlleva, desde luego, la necesidad de unos trabajos previos de homologación de procedimientos. No es solamente una actualización, sino también estar preparados para la digitalización”.
Contestación
La contestación por parte de Hernández fue en el sentido de que estaban en contra de esa externalización, porque era una actividad que podían desarrollar perfectamente los técnicos de la Ciudad Autónoma y acusó de “falta de espíritu democrático” al Gobierno por no aceptar la creación de la mencionada comisión informativa. En relación a este particular, el mismo secretario general de los socialistas explicó que desde el comienzo de la legislatura habían demostrado una política de “tender la mano al equipo de gobierno” y se mostró de acuerdo con las críticas que hablaban, en líneas generales de que faltaba acción política desde el mismo equipo de gobierno.
Por su lado, esta circunstancia fue aprovechada por Juan Luis Aróstegui para señalar que la Ciudad aprobaba sus ordenanzas, pero que luego no se aplicaban y puso dos ejemplos concretos como la de transporte público o la de protección animal. Desde su punto de vista, se hacía una labor por parte de todas las formaciones políticas para enriquecer los textos de las ordenanzas y luego suceden cosas como la denunciada. Sobre esta cuestión, la consejera de Hacienda, Susana Román le anunció que su compañera responsable del área de Sanidad, Consumo y Menores iba a llevar varias medidas a un próximo Consejo.
Competencia de las ordenanzas
Quiso dejar muy claro la consejera Román que las competencias de cada ordenanza son de los consejeros que tienen asignadas las materias. Y que, por tanto, el sistema para reformarlas no era el que proponía el PSOE a través de una comisión política, sino que se realiza con una redacción, una aprobación inicial en el pleno, el sometimiento de las mismas a la preceptiva exposición pública, análisis de las alegaciones presentadas y por último, la luz verde, por segunda vez, de los partidos en una nueva sesión de pleno.
