El primer
círculo de silencio de este recién estrenado 2021 en Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de defender la dignidad de los inmigrantes, exigiendo no solo un respeto sino también que se garanticen los derechos de estas personas y las leyes sean las adecuadas.
“Hoy somos testigos de una sociedad que rechaza al migrante y que se repliega tras una ley usada como instrumento para ejecutar políticas que suponen, sin lugar a duda, un importante retroceso en la lucha por los derechos humanos”, denunciaron en esta nueva reunión que tuvo que hacerse online en cumplimiento de las medidas para evitar contagios del
covid-19. “Cuando una persona cruza la frontera se ve marcada por
la frontera, erigida sobre políticas que miden su vida hasta las últimas consecuencias, en una práctica plagada de inmoralidad e ilegalidad que pervierte el derecho y la justicia al medir cuestiones que deberían ser ajenas a toda ley, y que condiciona y precariza las vidas de estas personas, en contraposición a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todo ser humano a unas condiciones de vida digna. Así, la ley de extranjería se presenta como un instrumento para negar sistemáticamente derechos a aquellas personas que categoriza como ‘no legítimas’, a los pobres extranjeros, a los nacidos en ciertos países, dando amparo legal a una concepción del mundo basada en la división entre los que comen y los que son comidos”, denunciaron desde el círculo.
La discriminación anida y se cuela en la sociedad sin darnos cuenta, pero se visualiza en determinados comportamientos o en el empleo del lenguaje, produciéndose un rechazo hacia los inmigrantes y los refugiados. “Personas que huyen por proceder de realidades similares y por razones parecidas son, sin embargo, catalogadas como legítimas o ilegítimas por su lugar de origen. Aunque ambas estén sometidas al mismo maltrato y a las mismas dificultades, el migrante será encerrado en un CIE y deportado, y el refugiado podrá acogerse a ciertas Convenciones Internacionales. Una diferencia de conceptos que acrecienta y perpetúa la guerra de los pobres contra los pobres”, explicaron.
“Esta sociedad se soporta sobre unas políticas migratorias y un control de fronteras que impiden de una manera muy efectiva el acceso de aquellos que escapan de realidades adversas, encontrándose al pie de una inabarcable maquinaria legal que trabaja sin descanso para recordarle su condición de ilegalidad. No obstante, la Europa fortaleza también impide que las personas que han accedido a ella puedan salir, quedando atrapadas en un sistema de permisos que hacen del retorno un imposible, por no disponer de los medios y la accesibilidad que hagan de la libertad de movimiento un derecho efectivo, encontrándose frente a un muro que no les permite entrar o salir”.
“Los gobiernos europeos que continuamente son protagonistas de deportaciones y prácticas de retorno injustas e inhumanas, justifican sus acciones sobre la Directiva de Retorno de 2016, olvidando que tal directiva posee un planteamiento claro frente a la situación irregular de los migrantes en territorio europeo: el retorno como alternativa excepcional cuando la regularización no sea por ningún medio posible, siendo este retorno asegurado por medio de salidas voluntarias no coactivas y en unas condiciones en las que se garanticen y aseguren los derechos humanos”, recalcaron en el manifiesto elegido en esta jornada.
“Cabría cuestionarse quién promueve la irregularidad y favorece el retorno frente a la regularización, una condición indispensable para la construcción de una ley que respete los derechos, la dignidad y la integridad de las personas migrantes. La muerte y la injusticia son elementos con una presencialidad sin igual en la vida de los migrantes, muerte que se da casi siempre bajo la directa responsabilidad del Estado y Europa en su conjunto. Esta realidad es algo que, como sociedad europea que abandera la defensa de los derechos de las personas, no podemos seguir permitiendo. Se debe reconocer el valor de las vidas de las personas, para lo cual es necesario una ley de extranjería que posibilite cambiar el paradigma que rige el drama migratorio del que venimos siendo espectadores durante los últimos años”.
Se exige la abolición de la actual ley de extranjería para la construcción humana y justa de una nueva ley que garantice los derechos de las personas prohibiendo redadas e identificaciones por perfil racial, lo cual debe ser explícitamente prohibido en la ley, el cierre de los CIE o la regularización de las personas.