Los presupuestos que el Sr. Vivas nos tiene preparados para el 2017 parecen ir “viento en popa a toda vela”. No es que vayan bien, es que van desbocados. Ya veremos en qué dirección. Entre el jueves y viernes pasado, y a razón de un consejo de administración cada media hora, se liquidaron –quiero decir se aprobaron- los presupuestos de quince sociedades y organismos. La entrega de las convocatorias y de la documentación en el límite de lo legal, la indefinición de las horas, los reiterados cambios en los lugares de celebración… llevó a que todos los grupos de la oposición nos plantáramos.
Sin posibilidad de solicitar información complementaria, señalar errores o hacer sugerencias, no tenía sentido acudir a estos Consejos. Era evidente que nos querían convertir en comparsas, con perdón de los carnavaleros, para una aprobación ya decidida, de unos presupuestos que no habían podido leer ni siquiera los vocales populares. Esta vez, al menos, quedaba claro que no los aprueban los Consejos de Administración sino el Partido Popular.
Según informa el Gobierno, todo se ha realizado, en tiempo y forma, conforme a le ley. Nosotros –Ciudadanos- consideramos que se han producido importantes incumplimientos legales. Los presupuestos, ni en su fondo ni en su forma, se sacan de una chistera. Son unos documentos perfectamente reglados: las órdenes y reales decretos correspondientes vienen a ser manuales que indican cómo elaborarlos y qué documentos incluir. Sólo hay que leerlos.
Resulta que las Sociedades mercantiles municipales han aprobado -llevan 15 años haciéndolo- un modelo de documento presupuestario que no corresponde. Utilizan los estados de ingresos y gastos, propios de las entidades locales y organismos autónomos. Cada una debería presentar su cuenta de pérdidas y ganancias y su presupuesto de capital y, cuando corresponda, la cuenta de explotación y la de otros resultados. No lo hacen y no es un detalle. Es el principio y, además, una obligación legal.
El presupuesto de capital de cada sociedad debe contener, asimismo, el estado de inversiones a efectuar durante el ejercicio; las fuentes de financiación de las inversiones; la relación de objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar y una memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.
Además, estas cuentas se han de presentar conforme al sistema del Plan General de Contabilidad. No lo hacen. Y ninguna de las sociedades (salvo PROCESA) presenta un presupuesto de capital con sus fuentes de financiación especificas y la memoria indicada. Son cuestiones formales a las que quizá sólo los entendidos, conocedores de sus implicaciones, den importancia. Pero a buen seguro que todos sabemos que el mínimo exigible a un presupuesto es que esté equilibrado: los gastos deben de ser iguales a los ingresos.
Pues bien, consecuencia de los incumplimientos señalados, los presupuestos de las sociedades municipales se presentan con un desequilibrio inicial que, si no se corrige, se incorporará a los presupuestos de la Ciudad. Los presupuestos presentados por todas las sociedades, al utilizar la clasificación presupuestaria, no reflejan la amortización como gasto. Gastos de amortización que sí aparecerían en su cuenta de pérdidas y ganancias, el documento que no utilizan.
Esto lleva a concluir que en los presupuestos de estas sociedades existe un déficit inicial igual a la amortización del ejercicio, con lo que directamente incumplen, y esto es más grave, la obligación legal de que los presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberán aprobarse sin déficit inicial.
En el Grupo municipal Ciudadanos estamos decididos a dar mayor seriedad y realismo a los presupuestos de la Ciudad. Ya lo hicimos en la aprobación de los de este ejercicio y cuando obligamos a corregir la primera modificación presupuestaria. Gracias a nuestra alegación se utilizó el remanente para la finalidad prevista: no para pagar a los bancos, como se insistió interesadamente, sino para reducir deudas pendientes, abonando a las empresas las facturas que tenían pendientes de cobro. Volveremos a hacerlo.
Finalmente, recordarle al Gobierno de la Ciudad que los organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales tienen la obligación de remitir la documentación presupuestaria a la entidad local antes del 15 de Septiembre de cada ejercicio. Parece evidente que, si las cosas se hubieran hecho en este plazo, no estaríamos con tanta prisa. Ni irían con la lengua afuera ni además, visto lo visto, cojeando.
