Hace cinco años la Ciudad se dotó de la potestad de hacer arranques o paradas de los módulos de la desaladora según las necesidades reales de la población.
La partida destinada a la producción de agua desalada en los Presupuestos de la Ciudad para este año, dotada inicialmente con 5,9 millones de euros, casi se ha agotado en solo nueve meses. A la Administración autonómica solamente le quedaban 255.000 euros al cierre del mes de septiembre y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, prevé volver a llevar a Pleno para su aprobación definitiva “si es posible antes de que termine este mes” el expediente de modificación de las cuentas públicas que permitirá inyectar 1,8 millones de euros más a la desalinización de agua.
En declaraciones a este periódico, la miembro del Ejecutivo local volvió a atribuir ayer “fundamentalmente a la sequía que hemos padecido durante prácticamente todo lo que va de año” la descompensación registrada entre las cantidades presupuestadas para la producción de agua y la realidad del ejercicio.
El año pasado el Gobierno de Vivas consignó 5,5 millones de euros para todo 2016 pero al cierre del tercer trimestre también se encontró con que apenas le quedaban 92.000 euros disponibles.
El pasado viernes se cerró el plazo para la presentación de alegaciones al expediente de modificación de créditos que sostendrá el aumento del presupuesto para desalación de agua, en el que Caballas teme que se oculte el pago de facturas atrasadas que en todo caso deberían haberse subsanado con el remanente de 2015 que, obligado, el Gobierno local tuvo que destinar a ese fin. La coalición ha propuesto suprimir los 1,8 millones que se van a destinar a desalar agua y destinarlos a partidas sociales agotadas (IMIS, alojamiento alternativo...) y a un Plan Urgente de Atención a Necesidades Básicas en Barriadas.
La formación que lidera Mohamed Ali también ha planteado reparos a la legalidad de elevar por encima de 5,9 millones los pagos durante un ejercicio a la empresa que gestiona la desaladora, ya que el contrato con la misma establece un máximo equivalente precisamente a esa cantidad.
“Los técnicos están estudiando todas las cláusulas del contrato para saber hasta qué punto ese límite es tan estricto y si en la cantidad local está incluido o no el IPSI”, refirió Chandiramani sobre este punto.
El Consejo de Gobierno acordó en mayo de 2020 adjudicar a Ferrovial-Agroman-Cadagua la explotación de la desaladora, contrato que fue modificado en 2003 y posteriormente en 2012, cuando se fijó una nueva fórmula de cálculo para el abono del precio del contrato “eliminando la obligatoriedad de suministrar un determinado volumen de agua y dejando a la Administración la potestad de efectuar arranques y paradas de acuerdo con las necesidades”. El acuerdo fijó una tarifa fija de 167.042 euros al mes de 2013 y un máximo variable de 7,8 millones de metros cúbicos a 0,76 céntimos (actualizados cada año) por unidad.
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