El terrorista Josu Uribetxeberria Bolinaga fue detenido en 1997 a raíz de la liberación de José Antonio Ortega Lara, al que ya había decidido dejar morir de hambre en el zulo donde se encontraba secuestrado. Fue condenado a 178 años de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles; 14 años por secuestro de Julio Iglesias Zamora y a 32 por el secuestro de Ortega Lara.
Con este currículum de terror comenzó en 2012 una huelga de hambre solicitando el tercer grado penitenciario por razones humanitarias cuando le fue diagnosticado un cáncer terminal. Fue puesto en libertad el 12 de septiembre del mismo año. Falleció el 16 de enero de 2015, casi tres años después, rodeado de sus familiares y amigos. Los guardias civiles no tuvieron esa suerte y tampoco pudieron invocar razones humanitarias.
Una de las características del Estado de Derecho es la generosidad. Según este principio hay ciudadanos que sostienen que un Estado de derecho no puede permitirse que una persona muera en prisión. Un principio que puedo compartir, pero una cosa es morir en prisión y, otra muy distinta, que un individuo con este historial de sangre, terror y extorsión viva plácidamente en libertad. Soy de los que piensa que el Estado de Derecho debe ser generoso, pero tiene la obligación de proteger y reparar el daño de las víctimas y, en este caso, difícilmente pudieron ser resarcidos, porque fueron asesinados.
Estas mismas razones las argumenta la defensa de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella para conseguir el tercer grado por “enfermedad grave e incurable”. Los informes médicos presentados nos dibujan a un Julián Muñoz listo de papeles, como vulgarmente se dice cuando se tiene un pie en el otro mundo, en ese espacio en el que todos somos Ángeles, porque los demonios, según nuestro Papa, sólo están en la tierra.
El letrado del exalcalde marbellí presenta a un Julián Muñoz con alta posibilidad de sufrir una muerte súbita y, entre sus muchas dolencias, tiene cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes mellitus tipo I, dislipemia, arteriopatía sistémica con stent ilíaco, insuficiencia venosa, hipoacusia bilateral, adenoma de próstata, artrosis cervical, ictus sin secuelas neurológicas y aneurisma de aorta. Uno de los informes señala que tiene un riesgo de muerte superior al 50% en cinco años a pesar del tratamiento, y otro estudio alerta de un “grave riesgo de padecer algún evento fatal en plazo breve”. Sin embargo, entre todos los argumentos, se le ha olvidado el más importante: devolver el dinero que se llevó del ayuntamiento de Marbella.
La necesidad de buscar un equilibrio entre las razones humanitarias y la de resarcir los daños causados a la sociedad es uno de los argumentos por la que los servicios jurídicos del Estado han recurrido la posibilidad de conceder el tercer grado a Julián Muñoz, aunque si valoramos el historial delictivo de ambos presos, será más que difícil que Julián Muñoz permanezca en prisión por muchos años. Tan difícil como que Julián Muñoz devuelva el dinero afanado.
Hemos oído más de una vez eso de que la Justicia es un Cachondeo y que está hecha para los chorizos. Esta frase la tendremos que oír en más de una ocasión cuando veamos a este personaje en libertad ostentando un nivel económico encomiable para los que son como él.
