La muerte de tres miembros del Frente Polisario en un ataque atribuido a Marruecos ha abierto un nuevo frente de controversia política en España.
La ofensiva, que según la organización independentista saharaui fue ejecutada mediante drones cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental, acabó con la vida de Lahbib Mohamed Abdelaziz –también conocido como Lehbib Mohamed Abdelaziz–, miembro del Secretariado Nacional del Polisario, comandante del Ejército saharaui e hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz.
La reacción del Ejecutivo español, marcada por la cautela y la ausencia de una condena explícita, ha sido duramente cuestionada tanto por representantes del Frente Polisario como por dirigentes de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Todos ellos coinciden en denunciar lo que consideran una respuesta insuficiente ante un episodio que vuelve a poner el foco sobre el enquistado conflicto del Sáhara Occidental.
El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, fue especialmente crítico con la actuación del Gobierno español. En declaraciones posteriores al ataque, acusó al Ejecutivo de aplicar una política exterior basada en “dobles estándares” y denunció que la reacción institucional varía en función de quién sea el responsable de los hechos.
Según Arabi, la muerte de los tres miembros del Polisario no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una dinámica de ataques que Marruecos habría llevado a cabo durante los últimos años, muchos de ellos mediante el uso de drones y, según sostiene la organización saharaui, con consecuencias para población civil.
El representante saharaui considera que estos episodios evidencian la falta de voluntad de Rabat para avanzar hacia una solución negociada del conflicto y lamenta que, cuando las víctimas son saharauis, la respuesta española sea muy diferente a la mostrada en otras ocasiones.
En este sentido, recordó que el Gobierno español sí reaccionó públicamente al ataque lanzado por el Frente Polisario contra Esmara el pasado mes de mayo, una acción que no dejó víctimas mortales. Para Arabi, la diferencia de trato evidencia una posición desigual ante los acontecimientos relacionados con el conflicto saharaui.
“Cuando las víctimas son saharauis, el silencio se vuelve ensordecedor”, vino a resumir el delegado del Polisario, que además trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos.
La ofensiva se produjo en un momento especialmente sensible desde el punto de vista diplomático. Coincidió con la visita a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.
Desde el Frente Polisario se interpreta esta coincidencia como un elemento de gran relevancia política. La organización sostiene que el ataque lanza un mensaje negativo en un momento en el que la ONU trata de reactivar las vías de diálogo y explorar fórmulas para desbloquear un conflicto que permanece sin resolver desde hace décadas.
Arabi adelantó que el movimiento independentista aprovechará los encuentros con De Mistura para reiterar su compromiso con la defensa del derecho de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui, insistiendo en que no renunciará a sus reivindicaciones históricas.
Las críticas al Gobierno de España no proceden únicamente del Frente Polisario. Dentro de la propia coalición que sostiene al Ejecutivo también han surgido voces que reclaman una respuesta más contundente.
Desde Izquierda Unida, el portavoz parlamentario Enrique Santiago calificó la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz como un asesinato y sostuvo que el ataque fue ejecutado mediante drones empleando métodos que, según afirmó, recuerdan a los utilizados por Israel en otros escenarios de conflicto.
Santiago vinculó además la actuación marroquí con la cooperación militar entre Rabat e Israel, estableciendo un paralelismo que eleva el tono político de las acusaciones y que sitúa el debate en un contexto geopolítico más amplio.
Las declaraciones del dirigente de IU reflejan el malestar existente en sectores de la izquierda española respecto al giro que experimentó la política exterior española hacia Marruecos tras el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.
También desde Más Madrid se han lanzado críticas directas al Ministerio de Asuntos Exteriores. La portavoz de la formación en el Congreso, Tesh Sidi, cuestionó la diferencia de reacción entre la condena expresada por España tras los ataques del Polisario en Esmara y la ausencia de una posición similar después de la muerte de tres dirigentes saharauis.
La diputada registró además varias preguntas parlamentarias para que el Ejecutivo explique cuál será su respuesta ante estos acontecimientos.
Entre las cuestiones planteadas figura si el Gobierno tiene previsto emitir una condena pública de los hechos y qué medidas piensa impulsar para promover el respeto al derecho internacional y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Para Más Madrid, el episodio forma parte de una escalada militar que se ha intensificado desde la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en noviembre de 2020. A juicio de la formación, la situación ha derivado en un deterioro progresivo de la seguridad y en un bloqueo de las perspectivas de solución política.
Una de las reacciones más contundentes dentro del propio Gobierno llegó de la mano de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La dirigente condenó de forma “rotunda” el ataque y lo definió como un “intolerable asesinato”. Asimismo, denunció que la acción constituye una vulneración del derecho internacional y reiteró su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Las declaraciones de Rego volvieron a evidenciar las diferencias existentes dentro del espacio político de la izquierda sobre la cuestión saharaui. Mientras algunos miembros del Ejecutivo optan por una posición de cautela diplomática, otros defienden una condena clara de las acciones atribuidas a Marruecos.
La postura de la ministra fue respaldada también por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien reclamó a los máximos responsables del Gobierno una condena oficial de lo sucedido.
Frente a las exigencias de condena inmediata, la respuesta oficial del Gobierno se ha mantenido en una línea de prudencia.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, evitó pronunciarse sobre la autoría de los hechos y argumentó que el Gobierno no dispone aún de información oficial suficiente sobre lo ocurrido.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz insistió en la necesidad de actuar con cautela y reiteró en varias ocasiones la palabra “prudencia” para justificar la ausencia de una valoración más contundente.
No obstante, la portavoz sí subrayó que España continúa respaldando los esfuerzos de Naciones Unidas para encontrar una solución al conflicto y expresó su apoyo al trabajo que desarrolla el enviado especial Staffan de Mistura.
La posición gubernamental busca evitar un aumento de la tensión diplomática en un momento especialmente delicado para las relaciones entre España y Marruecos, consideradas estratégicas por ambos países en ámbitos como la cooperación migratoria, económica y de seguridad.
La polémica suscitada por este ataque vuelve a poner sobre la mesa la complejidad del conflicto del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas y cuya soberanía es reivindicada tanto por Marruecos como por el Frente Polisario.
Tras la retirada española en 1975, el territorio quedó inmerso en una disputa que derivó en años de enfrentamientos armados. El alto el fuego firmado en 1991 abrió una etapa de relativa estabilidad, aunque nunca llegó a materializarse el referéndum de autodeterminación previsto por la ONU.
La ruptura de ese alto el fuego en 2020 reactivó las hostilidades y devolvió el conflicto a una fase de confrontación abierta de baja intensidad. Desde entonces, ambas partes han intercambiado acusaciones sobre ataques militares, mientras las perspectivas de una solución negociada continúan alejadas.
La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz y de los otros dos miembros del Frente Polisario se produce precisamente en ese contexto de creciente tensión y amenaza con profundizar aún más la distancia entre las partes.
Más allá de sus implicaciones en el terreno, el ataque ha generado una nueva controversia política en España. La gestión de las relaciones con Marruecos y la posición oficial respecto al Sáhara Occidental continúan siendo asuntos especialmente sensibles, tanto dentro de la coalición gubernamental como en el conjunto del panorama político nacional.
Las críticas del Polisario, las exigencias de condena formuladas por Sumar y las declaraciones de Sira Rego han colocado nuevamente al Ejecutivo bajo presión para definir con mayor claridad su posición ante un episodio que, para muchos actores implicados, trasciende el ámbito militar y afecta directamente a cuestiones de derechos humanos, legalidad internacional y autodeterminación de los pueblos.
Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene sus esfuerzos diplomáticos para reactivar el diálogo entre las partes, en un escenario marcado por la desconfianza mutua y por una escalada que amenaza con alejar todavía más la posibilidad de una solución definitiva para el Sáhara Occidental.
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Marruecos no ataca, Marruecos se defiende, y no hay que atacar ni a la Moncloa ni al Gobierno de España. Utilizar el caso del Sáhara para seguir atacando a Pedro Sánchez no merece la pena, crear problemas y generar mal ambiente entre los dos reinos de España y Marruecos no conduce a ninguna parte.