El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha presentado una pregunta múltiple por escrito dirigida al Gobierno central que su partido comparte con el PSOE para saber si “autorizará conceder la residencia por arraigo” a Samir Nesmy, el tapicero marroquí que permanece ingresado en el Hospital Universitario desde hace casi seis años, cuando fue atropellado en la ciudad, y a su madre, que le cuida desde entonces.
El congresista canario también ha interpelado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por si “existe relación directa” entre el alta médica que se entregó a Nesmy en noviembre “y la presión mediática de odio promovida por la fuerza ultraderechista Vox para que ocurriera”; por si considera “que ha existido vulneración a los Derechos Humanos [del hombre en coma] en el ejercicio del derecho a la salud, el acceso de justicia y reparación”; y por “cómo se garantizará, una vez consumada el alta médica, que pueda ‘continuar con sus cuidados habituales de forma ambulatoria con una adecuada accesibilidad a servicios sanitarios”.
Rodríguez recuerda en su iniciativa parlamentaria que el tapicero marroquí circulaba por la ciudad autónoma en una bicicleta cuando fue víctima de un accidente de tráfico el 21 de abril de 2015 y que desde esa fecha permanece en coma profundo internado en una de las habitaciones del Hospital Universitario de Ceuta. “Hasta el momento”, remarca, “no se han podido aclarar las causas del accidente y el caso, que llegó al Juzgado, fue archivado sin una investigación que permitiese conocer de una más completa todo lo sucedido ni Samir ha podido declarar ante la Policía o un juez por su grave situación médica”.
Después de que la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, preguntase al Gobierno central por su supuesta negativa a salir del clínico de Loma Colmenar el Ingesa le entregó a Nesmy y a su madre el pasado 9 de noviembre un informe “en el que se reseña que tras cinco años ‘sin signos de mejoría’ se le da el alta hospitalaria ‘para continuar con sus cuidados habituales de forma ambulatoria con una adecuada accesibilidad a servicios sanitarios”. “Su situación requiere encontrar estrategias y soluciones integrales urgentes”, reclama el diputado de Podemos.
Alberto Rodríguez considera en el argumentario de sus preguntas al Gobierno central de coalición que la situación de Samir y su madre “es de una gravedad extraordinaria” y que “requiere encontrar estrategias y soluciones integrales urgentes que permitan garantizar su derecho a la salud, a regularizar su situación por arraigo social, a conocer lo que pasó el día de su atropello y a que se les pueda ofrecer reparación”. En su interpelación el diputado canario recuerda la iniciativa en el Senado de Merelo (Vox), que posteriormente fue reprobada por ella por el Pleno, y pregunta si tiene alguna relación con el alta hospitalaria tramitada en noviembre.
La residencia por arraigo social es una autorización temporal “por circunstancias excepcionales” que se puede conceder a ciudadanos extranjeros “que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares en España o estén integrados socialmente”.
Entre los requisitos para acceder a ella está no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión; carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español; y no tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
También se exige “haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres años” (las ausencias de España durante este período no pueden superar los 120 días) y “tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien presentar un informe que acredite su integración social”.
El requisito de contar con un contrato de trabajo se puede eludir si se cuenta con otros medios de subsistencia y lo respalda el dictamen social.
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