El precio de un ‘divorcio’ y el futuro de los trabajadores, incógnitas por dilucidar

• Trace calcula que la Ciudad le debe 4 millones y solo un acuerdo evitaría imponer sanciones por daños y perjuicios

Extinguir un contrato público no es sencillo. Bien lo sabe el Gobierno con un ejemplo de este mismo verano, el de la limpieza de los colegios, con el que el inicio del próximo curso le ha atropellado sin haber resuelto la concesión a ‘Valoriza’ pese a tener ya adjudicado el servicio a otra empresa.

Los números de esa licitación no tienen nada que ver con los de la limpieza pública viaria y la recogida de basuras pero la tramitación del ‘divorcio’ entre Administración y concesionaria son parecidos: la separación puede ser “de mutuo acuerdo”, siempre y cuando informes técnicos avalen que no puede achacarse a la contratista y sí a una confección deficiente de los Pliegos, por ejemplo, o por “incumplimiento culpable” de esta.

Los Pliegos de la adjudicación establecen que, en este último caso, la concesionaria, que calcula que la Ciudad le tiene que pagar unos 4 millones de euros todavía, deberá “indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados”. La indemnización se haría efectiva sobre la garantía (un 5% del importe de adjudicación), “sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista” en lo que se refiere al importe que excediese esos 7,5 millones.

La determinación de los daños y perjuicios que debiera indemnizar el contratista se llevaría a cabo por el Órgano de Contratación “en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración”.

Otro punto no menos complicado de resolver es el de las consecuencias que tendría para la plantilla el quedar en manos de Tragsa, un medio propio de la Administración que ni los técnicos de la Ciudad tienen claro si podría o tendría que mantener las ventajosas condiciones de su Convenio Colectivo vigente.

A Trace se le obligó a “subrogar a todo el personal adscrito a los diversos puestos de trabajo con la antigüedad, tipología contractual y categoría profesional fijadas”.

Caballas exige una auditoría de la prestación y el control del servicio

Mohamed Ali, lamentó ayer que “todo lo que se refiere al tema de la limpieza y la basura en Ceuta ha sido irregular desde el principio” y tildó de “descabellado” el plan del PP. “No sabemos si se ha contado con la plantilla, si se va a subrogar y cómo, si la rescisión como la plantea el Gobierno es la solución, por qué no hay expedientes sancionadores a Trace que justifiquen la extinción del contrato...”, expuso algunos de los “muchos interrogantes” que tiene la coalición. Caballas va a pedir “una auditoría de la gestión del servicio de limpieza pública para ver si se ha cumplido el Pliego, que estamos convencidos de que no, y para identificar los 'puntos negros' existentes para, desde el rigor y la reflexión, depurar responsabilidades políticas y adoptar medidas que respeten la ley, no menoscaben los derechos de la plantilla y nos garanticen una ciudad limpia”.