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Los de Mohamed Mustafa calculan que para implementar esas ayudas de inmediato y durante el último cuatrimestre de este año harían falta 1,3 millones de euros, 3,6 para un ejercicio natural completo, una cantidad “asumible” para una medida que han defendido como “justa” por quiénes serían sus beneficiarios, un colectivo vulnerable que sobrevive con menos de 20 euros al día, y “leal” con el Estado porque no pone en cuestión el sistema nacional de pensiones.
La Junta de Andalucía que capitanea otro de los referentes nacionales del PP, Juanma Moreno, desembolsa con el mismo formato 162,2 euros, también una vez al año, como “ayuda social de carácter extraordinario para beneficiarios de pensiones no contributivas por jubilación e invalidez”.
La Comunidad Valenciana también abona una prestación periódica de naturaleza económica y/o profesional dirigida a “completar el nivel de ingresos de la unidad de convivencia que, aún disponiendo de ingresos procedentes de ciertas pensiones o prestaciones sociales que no sean incompatibles, cuente con un nivel mensual de recursos económicos que resultan insuficientes para hacer frente a los gastos asociados al mantenimiento de una vida digna”.
La Generalitat catalana dispone de una prestación permanente “destinada a complementar la pensión de la modalidad no contributiva del Sistema de Seguridad Social para aquellas personas que no se pueden incorporar al mundo laboral. Su cuantía máxima es de 172,07 euros.
En Canarias, como en Madrid, los beneficiarios de una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva pueden acceder a un complemento de 525 euros al año cuando acrediten “carecer de vivienda en propiedad y residan de forma habitual en una alquilada”.
En Asturias existe una prestación con los mismos destinatarios para que sus ingresos alcancen “la cuantía mensual garantizada que se fije para el salario social básico en su módulo básico, así como el complemento vital para personas dependientes o con discapacidad, en su caso”. Euskadi actualizó en marzo su Renta de Garantía de Ingresos (RGI), con la que incrementa hasta un 27% las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, ya que garantiza 869 euros al mes.
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