La
Asamblea de la Ciudad ha rechazado este viernes poner en marcha el
régimen de ayudas que reclamaba Ceuta Ya! para completar las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez con una ayuda municipal equivalente al 25% de su cuantía, que de media oscila entre 472 y 525 euros mensuales. Cada beneficiario caballa recibiría, por tanto, unos 100 euros al mes extra, alrededor de 1.300 al año, pero el
PP y
Vox han votado en contra y el
PSOE, que en Comisión Informativa lo hizo a favor, se ha abstenido en el Pleno. Al final solo el
MDyC ha respaldado la propuesta. Los socialistas han trasladado a este periódico que “no van a dar explicaciones” sobre su viraje en apenas 72 horas en relación con una medida que Kissy Chandiramani ha tildado de “ilegal” y perfectamente sustituible por el IMIS, el Ingreso Mínimo Vital del Estado, además de mal perfilada por plantearse con carácter universal para los algo más de 2.000 perceptores de esas prestaciones “sin tener en cuenta si en su entorno familiar cuentan con otros ingresos”.
Los de Mohamed Mustafa calculan que para implementar esas ayudas de inmediato y durante el último cuatrimestre de este año harían falta 1,3 millones de euros, 3,6 para un ejercicio natural completo, una cantidad “asumible” para una medida que han defendido como “justa” por quiénes serían sus beneficiarios, un colectivo vulnerable que sobrevive con menos de 20 euros al día, y “leal” con el Estado porque no pone en cuestión el sistema nacional de pensiones. La ayuda que reclamaba
Ceuta Ya! no sería una excepción en España. Todo lo contrario, pues varias autonomías ya tienen activos regímenes de ayudas parecidos. Entre ellas está la Xunta gallega que Feijóo mandó entre 2009 y 2022 y que presume de ser “una de las pocas comunidades que concede de manera ininterrumpida durante los últimos años esta ayuda extraordinaria que no es obligatoria”. En el presente ejercicio ascendió a 218 euros anuales en un pago único (como proponía Ceuta Ya! hacer en la ciudad) con el fin de “reforzar las pensiones de aquellas personas mayores y enfermas con incapacidad o con discapacidad que perciben el subsidio de garantía de ingresos mínimos”.
Precedentes en otras comunidades
La Junta de Andalucía que capitanea otro de los referentes nacionales del PP, Juanma Moreno, desembolsa con el mismo formato 162,2 euros, también una vez al año, como “ayuda social de carácter extraordinario para beneficiarios de pensiones no contributivas por jubilación e invalidez”. La Comunidad Valenciana también abona una prestación periódica de naturaleza económica y/o profesional dirigida a “completar el nivel de ingresos de la unidad de convivencia que, aún disponiendo de ingresos procedentes de ciertas pensiones o prestaciones sociales que no sean incompatibles, cuente con un nivel mensual de recursos económicos que resultan insuficientes para hacer frente a los gastos asociados al mantenimiento de una vida digna”. La Generalitat catalana dispone de una prestación permanente “destinada a complementar la pensión de la modalidad no contributiva del Sistema de Seguridad Social para aquellas personas que no se pueden incorporar al mundo laboral. Su cuantía máxima es de 172,07 euros. En Canarias, como en Madrid, los beneficiarios de una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva pueden acceder a un complemento de 525 euros al año cuando acrediten “carecer de vivienda en propiedad y residan de forma habitual en una alquilada”. En Asturias existe una prestación con los mismos destinatarios para que sus ingresos alcancen “la cuantía mensual garantizada que se fije para el salario social básico en su módulo básico, así como el complemento vital para personas dependientes o con discapacidad, en su caso”. Euskadi actualizó en marzo su Renta de Garantía de Ingresos (RGI), con la que incrementa hasta un 27% las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, ya que garantiza 869 euros al mes.